El Gobierno asegura ahora que no está "transfiriendo" las competencias en materia de inmigración a Cataluña. Que se trata de meras "delegaciones" puntuales. Pero el propio texto de la proposición de ley presentado en el Congreso desmiente una vez más a Pedro Sánchez.
La cesión es plena sumando los 25 puntos clave en materia de inmigración. De hecho, sólo queda fuera un punto: la financiación. Porque la Generalidad separatista asume el control de las expulsiones, de la policía, del régimen sancionador, de los centros de internamiento, de los requisitos de entrada… Todo menos del pago: lo pagamos todos los españoles.
"Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución y notificación de la resolución de las solicitudes de autorización de estancia de larga duración […]. "Se delega […] la resolución de los recursos administrativos que los interesados planteen frente a las resoluciones de los procedimientos […]". "Se delega […] la resolución de las solicitudes de las autorizaciones de residencia temporal […]".
"Se delegan […] las renovaciones y extinción de las autorizaciones". "Se delegan […] las autorizaciones de residencia de larga duración […]". "Se delega […] la previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen […]". "Se delega […] el contenido de la norma de gestión colectiva en relación a las contrataciones en origen […]". "Se delega […] recabar las solicitudes formuladas por las organizaciones empresariales y organizaciones sindicales del ámbito de su territorio, respecto a las necesidades de puestos de trabajo a cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen". Lo que es una transferencia completa. Completa, menos una: la financiación corre a cargo de los presupuestos nacionales, es decir, de todos los españoles. Para pagar han dejado de sentirse tan separatistas.