El nuevo escándalo que sacude los cimientos del Palacio de la Moncloa tiene un nombre propio: Forestalia. En un análisis exhaustivo realizado en el Programa de Cuesta, Carlos Cuesta desvela las capas de un entramado corrupto que salpica directamente a varios ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que se presenta como una transición hacia las energías renovables esconde, según las informaciones analizadas, una red de adjudicaciones a dedo y favores políticos que ponen en duda la integridad del Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera.
La actual ministra Sara Aagesen ha intentado blindarse solicitando un informe interno para conocer qué ocurrió con las licencias de Forestalia, una postura que Cuesta califica de cínica. Aagesen no es una recién llegada; durante la etapa en la que se fraguaron estas adjudicaciones, ocupaba la secretaría de Estado bajo las órdenes de Ribera. Es inverosímil que la mano derecha de la ministra ignore los detalles de un proceso que ahora pretende investigar desde la impunidad oficialista que otorga el cargo ministerial.
¿Quién es Eugenio Domínguez?
El epicentro de la trama operativa se sitúa en la figura de Eugenio Domínguez, un subdirector del ministerio que, según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO), actuaba como el facilitador interno para eliminar trabas burocráticas a favor de Forestalia. Este sistema de gestión paralela permitía que los expedientes de la empresa avanzaran sin los controles pertinentes, asegurando que la compañía obtuviera el beneplácito administrativo mientras otros proyectos legítimos quedaban estancados en el laberinto de la administración sanchista.
Una de las maniobras más audaces para evitar la supervisión estatal fue el fraccionamiento de los parques eólicos. Al dividir grandes proyectos en pequeñas unidades, la competencia sobre los informes de impacto ambiental recaía en las comunidades autónomas —en este caso, el Aragón de Javier Lambán— en lugar de pasar por el filtro más riguroso del Gobierno central. Este pitufeo de licencias permitió que zonas protegidas y parajes de alto valor ecológico fueran entregados a la explotación privada sin las garantías mínimas exigidas por la ley.
La conexión con el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, surge a través de la empresa pública Tragsatec. Se sospecha que esta entidad fue utilizada para eludir los controles internos del ministerio, prestando apoyo logístico y elaborando informes a medida que facilitaban las licencias a Forestalia. Es una muestra más de cómo las instituciones públicas han sido puestas al servicio de intereses privados y de partido, bajo la mirada cómplice de quienes deberían velar por el erario público.
El caso también extiende sus tentáculos hacia figuras prominentes del socialismo aragonés, como Pilar Alegría, exdelegada del Gobierno en la región y actual portavoz del Ejecutivo. Durante su mandato, se aceleraron procesos que ahora están bajo sospecha. La red clientelar tejida en Aragón, con la connivencia del gobierno de Lambán, muestra un patrón de comportamiento donde el beneficio político y empresarial primaba sobre el interés general de los ciudadanos y la protección del medio ambiente.
Susana Sumelzo, secretaria de Estado y miembro de la cúpula del PSOE, también aparece vinculada a este escenario de presuntas irregularidades. Se ha señalado que empresas vinculadas a su familia, como Servinabar, obtuvieron beneficios en los mismos paquetes de concesiones que Forestalia. Este claro conflicto de intereses refuerza la tesis de que el sanchismo ha convertido la administración en un cortijo donde las familias ligadas al partido obtienen ventajas competitivas inaccesibles para el resto de los españoles.