La situación geopolítica en el Estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro de una nueva crisis económica global con consecuencias devastadoras para el bolsillo de los ciudadanos. Según explican Carlos Cuesta y Beatriz García, el régimen iraní está utilizando este enclave estratégico como una herramienta de chantaje internacional. Al amenazar con bloquear el paso por donde circula el 20% del petróleo mundial y una cantidad similar de gas natural licuado, Irán busca asfixiar las economías occidentales para forzar un cambio en la política exterior de Estados Unidos e Israel. Esta maniobra de presión no es solo un conflicto militar, sino un ataque directo a la estabilidad financiera de millones de familias que ya sufren las consecuencias de una inflación galopante.
En España, el impacto es inmediato y doloroso. Los precios de la gasolina y el diésel ya rozan los dos euros por litro, una barrera psicológica que supone un auténtico calvario para los conductores y transportistas. Sin embargo, los datos revelan que la subida del crudo no es el único culpable. El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una voracidad fiscal que impide cualquier alivio real para los ciudadanos. Casi el 50% del precio que se paga en el surtidor son impuestos directos, como el IVA y el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Mientras el precio del barril sube, la recaudación de la Hacienda de María Jesús Montero se dispara, convirtiendo al Estado en el principal beneficiario de la crisis energética.
La factura eléctrica sigue un patrón similar de intervención y asfixia. Los datos muestran que solo el 54% de lo que paga el consumidor corresponde realmente a la energía consumida. El resto está compuesto por costes fijos, peajes de transporte y una maraña de impuestos destinados a financiar las políticas climáticas y las energías renovables. Desde una perspectiva liberal, resulta inaceptable que el Ejecutivo se escude en factores externos mientras se niega a tocar la estructura impositiva que él mismo controla. En lugar de seguir el ejemplo de países como la Italia de Giorgia Meloni, que plantea acabar con las penalizaciones de los derechos de CO2, Sánchez prefiere mantener la presión fiscal para alimentar su mastodóntico gasto público.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido objeto de duras críticas por su falta de concreción y su actitud esquiva ante la urgencia de la situación. Mientras los ciudadanos pierden poder adquisitivo cada día, el Gobierno se limita a pedir tiempo para "cerrar textos" y ajustar detalles técnicos, una táctica dilatoria que solo sirve para seguir recaudando gracias al efecto de la inflación sobre las bases imponibles. Esta parálisis gubernamental es percibida como una falta de respeto hacia una sociedad que ve cómo el coste de la vida se vuelve insoportable, afectando desde la cesta de la compra hasta los desplazamientos básicos para trabajar.