
En pleno ataque del Gobierno contra los medios para intentar hacerse con su control, el Partido Popular ha emprendido una ofensiva parlamentaria para intentar arrinconar a Pedro Sánchez, especialmente después de que el presidente eludiera dar explicaciones a Alberto Núñez Feijóo esta semana por el intento de hacerse con Prisa utilizando a Telefónica como moneda de cambio.
El partido ha registrado una petición de comparecencia para que acuda a la Comisión Mixta de la UE el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos San Basilio, para "informar sobre las actuaciones adoptadas por la CNMV ante la intervención directa o indirecta del Gobierno para ejercer el control sobre empresas cotizadas como Prisa y Telefónica", según el documento al que ha tenido acceso Libertad Digital.
El grupo de Miguel Tellado pretende conocer "la alteración de sus gobiernos corporativos, sobre las acciones del Gobierno o actores vinculados a éste de adquirir participaciones significativas en PRISA y las medidas que ha tomado hasta el momento para garantizar los criterios de transparencia y protección efectiva de los accionistas minoritarios".
Asimismo, exigen al presidente de la CNMV que "informe sobre la evaluación del organismo, de las decisiones estratégicas adoptadas por empresas cotizadas controladas parcial o totalmente con fondos públicos como Telefónica y cómo podría afectar al mercado audiovisual y bursátil español el proyecto gubernamental de creación de un canal de televisión en abierto".
La ofensiva del PP
Esta actuación se suma a la pregunta que le realizó Feijóo a Sánchez el pasado miércoles en la sesión de control, además de la solicitud de comparecencia en el Congreso del presidente de Telefónica, Marc Murtra, y del ministro de Transformación Digital, Óscar López, que se reunió en París con la empresa Vivendi, accionista de Prisa, para intentar presionar a la compañía y que el Gobierno se hiciera con el control del grupo mediático.
La ofensiva del Ejecutivo se produce en paralelo al intento de Sánchez por legislar para amedrentar a los medios críticos a través de sanciones, justificándolo en la supuesta persecución de bulos y desinformación.
Coincide, además, con la propuesta del Gobierno y sus socios para reformar el Reglamento del Congreso con ánimo de perseguir a los que llaman "pseudomedios", que ha contado sólo con la negativa de la oposición.