Aunque durante mucho tiempo nadie se atrevió a referirse a ella como imputada, lo cierto es que el juez Peinado otorgó a Begoña Gómez la "condición de investigada" el mismo día en que decidió abrir diligencias tras recibir la denuncia de Manos Limpias, algo que sucedió un 16 de abril de 2024. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordó así abrir una investigación contra la mujer del presidente del Gobierno por unos hechos que "pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios".
Sobre la mesa, dos episodios destapados por la prensa: de un lado, las cartas de recomendación de Begoña Gómez a Juan Carlos Barrabés — el mismo que la ayudó a llenar de contenido su polémico máster en la Universidad Complutense de Madrid— y que habrían permitido al empresario acceder a jugosas licitaciones del Gobierno de su marido; de otro, las distintas reuniones que la mujer del presidente mantuvo en fechas clave para el rescate de Air Europa con el CEO de Globalia, quien, a su vez, habría patrocinado el África Center que ella dirigía.
Cinco delitos, cinco frentes
Desde entonces, no solo han aparecido muchos más indicios contra Begoña Gómez, sino que lo que parecían ser meros "recortes de prensa" —como despectivamente se referían a la denuncia de Manos Limpias desde el Gobierno— se han transformado en sólidas sospechas corroboradas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien hace tan solo unos días destapaba el escándalo más grande de cuantos se han conocido hasta el momento: que el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, llamó a Begoña Gómez para desbloquear el rescate de Air Europa.
Con todo, un año después del inicio de las investigaciones, la mujer del presidente acumula ya hasta cuatro imputaciones, ya que a los dos delitos iniciales —tráfico de influencias y corrupción en los negocios—, se han ido sumando los de intrusismo profesional y apropiación indebida, al tiempo que el magistrado investiga si alguien, sin especificar quién, pudo incurrir en otro de malversación de caudales públicos por la contratación de la polémica asesora Cristina Álvarez; delitos, todos ellos, que discurren por los cinco frentes que, en estos momentos tiene abiertos Begoña Gómez y que repasamos a continuación.
Air Europa
A pesar de que, hasta ahora, el capítulo relativo al rescate de Air Europa había quedado aparcado, el propio Peinado advirtió de que su decisión no era irrevocable, sino que el asunto únicamente quedaba en suspenso "en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio y valorados en resolución judicial motivada".
La conversación destapada por la UCO hace exactamente una semana podría ser precisamente ese punto de inflexión que el magistrado no descartaba. "Hidalgo está muy jodido con el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", le confesaba Víctor de Aldama a Koldo García el 3 de septiembre de 2020, en vista de que el rescate no terminaba de aprobarse.
"Estoy convencido de que el Supremo va a citar a Begoña Gómez y veremos si a Sánchez", concluía el pasado sábado en La Trinchera de esRadio Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y uno de los representantes de la acusación popular, lo que da buena cuenta de la trascendencia del último hallazgo de la UCO.
La polémica Cátedra de la Complutense
Más allá de las últimas novedades, cabe recordar que la causa abierta contra Begoña Gómez se inició con el objetivo de averiguar si la mujer del presidente del Gobierno logró dirigir una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid gracias a ser la mujer del presidente del Gobierno.
La imputada codirigió la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM, así como el máster adscrito a ésta, a pesar de que no cuenta con ninguna licenciatura, ya que sus estudios de Marketing no están reconocidos como grado. Las investigaciones e interrogatorios practicados a lo largo de este año han permitido destapar que la cátedra en cuestión se aprobó después de que el rector, Joaquín Goyache, fuese llamado a la Moncloa, tal y como él mismo terminó reconociendo.
Tras aquel encuentro, el que fuera vicerrector de Relaciones Internacionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, confesó en sede judicial que Goyache le llamó y le dio una orden clara: "Tienes que hacer una cátedra para la mujer del presidente". La cátedra se anunciaría, además, antes incluso de tener cerrados los patrocinios, algo que contraviene la propia normativa de la universidad.
Por si fuera poco, también se ha descubierto quiénes ayudaron a Begoña Gómez a conseguir esos patrocinios: David Sanza, amigo íntimo del presidente del Gobierno y agraciado con ayudas del ICO de casi 170.000 euros por aquellas fechas, y Cristina Álvarez, la polémica asesora de Moncloa.
La asesora de Moncloa
Aunque, oficialmente, Cristina Álvarez fue contratada como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, la investigación ha puesto de manifiesto que, en la práctica, actuaba como secretaria personal de Begoña Gómez, ayudándola en sus negocios privados.
Así se constata en los correos incautados, de los que se desprende que la asesora recaudaba dinero en patrocinios para su cátedra y realizaba gestiones directamente con la Universidad Complutense de Madrid. Por todo ello, el juez Peinado no solo investiga a la mujer del presidente, sino que también la imputa a ella —antigua compañera de trabajo de Begoña Gómez, por cierto, en la compañía Inmark—por tráfico de influencias y corrupción entre particulares.
Además, el magistrado ha abierto otra pieza para tratar de descubrir si alguien dentro del organigrama de Moncloa pudo incurrir en una malversación de fondos públicos al contratar a Álvarez para desempeñar funciones distintas a las previstas en su nombramiento. En el marco de estas investigaciones es precisamente en el que se ha citado a declarar a Félix Bolaños, quien, en el momento de su contratación, era secretario general de Presidencia y, por tanto, máximo responsable del departamento de Cristina Álvarez.
El software y la apropiación indebida
El papel de Begoña Gómez en la UCM tiene, a su vez, otra derivada: la posible apropiación indebida del software vinculado al máster de Transformación Social Competitiva que iba unido a la cátedra. La mujer del presidente consiguió que tres grandes compañías como son Google, Indra y Telefónica pusieran sobre la mesa grandes cantidades de dinero a fondo perdido — 110.000, 128.000 y 55.000 euros, respectivamente—, para el desarrollo de un programa con el que las empresas podrían medir hasta qué punto cumplen los objetivos de la agenda 2030, en base a los cuales podrían acceder a jugosas subvenciones del Gobierno presidido por su marido.
Ahora, el juez investiga tanto si pudo haber un posible delito de tráfico de influencias a la hora de convencer a dichas compañías, como si Gómez se apropió indebidamente del software, habida cuenta del modo en que se registró el programa informático. Según reconoció la UCM, este no figuró en ningún momento en sus portales digitales. Sin embargo, sí fue albergado en una web registrada por Begoña Gómez con el nombre de su máster, cuya marca también había registrado.
Hace apenas diez días, el juez Peinado acordó, además, llamar a declarar a los responsables las compañías que financiaron el software y que habrían participado en las negociaciones. Se da la circunstancia de que, entre ellos, hay nombres muy conocidos: desde Marc Murtra, hoy presidente de Teléfonica, pero en su día máximo dirigente de Indra, hasta Rosauro Varo, quien habría incluso conseguido que Begoña Gómez fuera recibida por José María Álvarez-Pallete. Por parte de Google, tendrá que declarar Miguel Escassi, quien, además de ser un convencido socialista, como se puede comprobar en sus redes sociales, casualmente, habría sido asesor del Gobierno en materia de Transformación Digital.
Intrusismo profesional
El último delito que pesa sobre Begoña Gómez, y también derivado del polémico software, es el de intrusismo profesional. A pesar del compromiso adquirido por las mencionadas compañías para la elaboración del software, todas ellas decidieron apartarse del proceso antes de terminarlo, temiendo que, al tratarse de la mujer del presidente del Gobierno, pudieran incurrir en algún tipo de conflicto de intereses. Como consecuencia de ello, la Complutense se vio obligada a sacar a concurso la licitación de la última fase y, sorprendentemente, fue Begoña Gómez la que firmó el pliego de condiciones técnicas sin tener la titulación requerida para ello.
"Esta corporación no tiene constancia alguna de que Doña María Begoña Gómez Fernández posea titulación oficial habilitante para el ejercicio en la Ingeniería Técnica en Informática", denunció el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, que recordó que la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas en este ámbito "es una competencia exclusiva de la profesión de ingeniero técnico en Informática".
Con todo, si algo queda claro después de un año es que los "recortes de prensa" han dado paso a una avalancha de evidencias —constatadas en multitud de correos, llamadas telefónicas y documentos oficiales— que, avaladas por la UCO, amenazan con complicar el horizonte judicial de la mujer del presidente, pero también del propio Pedro Sánchez.