La reforma del Estatuto Fiscal anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez es una "trampa" para blindar el poder del fiscal general del Estado. El Consejo de Ministros ha presentado este martes la citada reforma con el supuesto objetivo de "reforzar la independencia del Ministerio Fiscal" y responder a las "reiteradas recomendaciones" de la Comisión Europea y del Consejo de Europa.
Con la reforma, el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y dejará de coincidir con el del Ejecutivo. Además, no será renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año, y en el caso de cese anticipado, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior. Según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la reforma no afectará al actual fiscal general Álvaro García Ortiz, si no al próximo que se designe.