El socio minoritario del Gobierno vuelve a tensar las relaciones con Israel y exige al PSOE que eleve al máximo la presión contra el Estado hebreo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado al Ministerio de Exteriores que llame a consultas al embajador israelí, en un nuevo intento de escalar el conflicto diplomático justo un año después de que Díaz lanzara la frase antisemita "Palestina libre desde el río hasta el mar", haciendo así una clara referencia a la eliminación física de Israel. Una petición que hacen desde Sumar sin ser conscientes de que la sede diplomática no tiene embajador desde mayo de 2024 como consecuencia de aquella declaración que desencadenó una grave crisis diplomática, con represalias que también incluyeron, entre otras medidas, la prohibición al consulado español de prestar servicios a ciudadanos palestinos.
"Hay que romper y llamar a consultas al embajador de Israel, hay que sancionar a Israel, lo hemos hecho con Rusia. Si estamos ante un Estado genocida, ¿por qué no sancionamos al Estado de Israel en las relaciones comerciales?", ha sentenciado la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Una posición que ha sido respaldada por el portavoz del grupo y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha reclamado que "España retire al embajador que aún mantiene en Tel Aviv", en referencia a la diplomática en Israel, Ana Salomón.
Sumar ha aplaudido la decisión del Gobierno de Salvador Illa de cerrar su oficina en la ciudad israelí. "Es un gesto modesto, pero es una forma de aumentar la presión", ha asegurado Urtasun en una entrevista en TV3.
La líder de Sumar insiste en tramitar por el procedimiento de urgencia la proposición de ley para el embargo de armas a Israel. "Queremos que se tramite con carácter preferente y urgente para romper relaciones comerciales de todo tipo con Israel", ha apuntado Díaz omitiendo convenientemente que es el propio Gobierno del que forma parte el que mantiene vigentes contratos armamentísticos con el Estado hebreo mientras acusa de "hipócrita" al Partido Popular.
El respaldo del PSOE a esta iniciativa legislativa ha sido, según reconocen ministros del ala socialista del Gobierno, un gesto meramente simbólico, conscientes de su difícil encaje legal y de las escasas posibilidades de que prospere.