Han pasado diez meses desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugurase la Fundación Avanza con el objetivo de resarcirse de las críticas que lo acusaban de improvisar sus políticas y situarla a modo de laboratorio de ideas del PSOE. Desde entonces ha tenido la fundación un papel discreto —si bien ya señalaba a la derecha en anteriores documentos— acorde con las necesidades del líder socialista, que se encuentra en el Patronato de la organización.
Sin embargo, los socialistas se han hecho eco de una nota editorial de la fundación en la que se acusa a "la derecha conservadora" de haber abandonado la oposición democrática y de estar realizando una "batalla desnuda por recobrar el poder y desalojar de él al gobierno progresista por los medios que sean". Algo que, según el documento de la asociación socialista, estarían llevando a cabo PP y Vox por medio de: la deslegitimación del adversario, la polarización creada por el "catastrofismo" de la oposición, el "lawfare" del "más rancio derechismo español" y las mentiras o las "medias verdades" de la derecha política "y mediática" española.
De esta forma, los socialistas han vuelto a señalar a los jueces después de que el hermano del jefe del Ejecutivo haya sido procesado y se estén conociendo los sumos avances que las investigaciones judiciales están realizando en los casos de supuesta corrupción que acorralan a las personas más cercanas a Sánchez. Así, Avanza señala que "los extremos a los que está llegando la derecha" están causando un "daño creciente a las instituciones democráticas".
En este sentido, aunque no tiene impedimento en atacar al poder judicial, defiende la calidad de las instituciones democráticas, es decir, la percepción que la Fundación presidida por el embajador de España ante la OCDE y exdiputado socialista, Manuel Escudero, tiene de cómo deben de ser las instituciones democráticas. Por ello, argumentan "quizás merezca la pena adoptar una posición de ofensiva en el ámbito democrático".
Moviliza a jueces y periodistas
Así, se detalla que el Gobierno y la sociedad civil deben establecer nuevos mecanismos "eficaces de rendición de cuentas" para evaluar las malas prácticas dentro del sistema judicial español, siempre y cuando estos mecanismos sean propuestos por los jueces y magistrados afines "que quieren preservar el sistema como garante del imperio de la ley democrática". En cuanto a las malas prácticas judiciales, apuntan a la admisión a trámite de causas "endebles" presentadas por la derecha; aunque no especifican otras como cometer supuestamente un delito de revelación de secretos desde la Fiscalía General del Estado.
En este contexto, ha llamado a la sociedad a realizar un "movimiento coordinado de carácter civil de repulsa" a la "estrategia antidemocrática de la derecha" que sea liderado por jueces y periodistas, que deben mostrar su "repulsa" a la desinformación por parte de otros "actores implicados". Entre las iniciativas políticas que destaca el documento, se menciona la exigencia pública de transparencia de los medios en cuanto a su propiedad y ayudas públicas y el refuerzo del derecho al honor y el deber de "rectificación de bulos", todas ellas impulsadas según las directrices de La Moncloa.
De esta forma, la Fundación llama a la propia autorregulación del periodismo en España siempre que esta sea organizada por aquellos profesionales de la información que tengan "la convicción de que la salud democrática se fundamenta como elemento esencial en asegurar y hacer prevalecer la integridad de la información". Algo que, según se defiende, iría en consonancia con las medidas auspiciadas por el Gobierno liderado por Sánchez.