La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) será sustituida por la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Esta es la "gran transformación" prometida la semana pasada por el presidente de la Generalidad, Salvador Illa (de viaje por Japón) y su consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, para afrontar el caso de la menor violada y prostituida y las groseras irregularidades económicas en la prestación de servicios a los menores atendidos por fundaciones del tercer sector bajo el paraguas de la administración autonómica.
En la presentación, la consejera ha repetido que el cambio de nombre la dirección general y los retoques en su estructura no suponen una descalificación del trabajo llevado a cabo por la infausta DGAIA sino que responden al aumento de población, la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados y la necesidad de establecer controles financieros más eficientes.
Así, tanto las pagas a los jóvenes extutelados como la contratación de fundaciones del tercer sector pasarán a depender de otras dos direcciones generales, la Dirección General de Prestaciones Sociales y la Dirección General de Provisión de Servicios.
Dos nuevas subdirecciones
A su vez, la nueva DGPPIA dispondrá de dos subdirecciones, la de Prevención y Atención a la Infancia y la Adolescencia y la de Protección a la Infancia y Adolescencia Tutelada y Extutelada. Pero no acaba ahí la burocratización, ya que habrá una oficina de control de la gestión y otra para el seguimiento de casos y revisión de protocolos.
La Generalidad mantiene al frente de la DGPPIA (antes DGAIA) a Josep Muñoz Luque, a quien nombró hace un par de meses en sustitución de Isabel Carrasco. Su número dos será la psicóloga clínica Esther Vallbona. Además, la consejera ha anunciado también la contratación de trescientos trabajadores para asumir algunas de las funciones que a partir del próximo 1 de enero dejarán de prestar las fundaciones, algunas de ellas vinculadas a ERC.
Uno de los objetivos del Govern de Illa es que la remodelación no afecte a su socio, ERC, partido sobre el que recaen todas las acusaciones de mal funcionamiento, corruptelas y descontrol ya que se ha ocupado de la DGAIA desde 2016 hasta el año pasado, salvo un breve lapso en el que la dirección dependió de Junts.