La continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa está secundada por sus socios de investidura, quienes, pese a elevar el tono de sus reproches por los escándalos de corrupción, hablando de "legislatura muerta", y la falta de explicaciones por parte del presidente, siguen anteponiendo los privilegios y concesiones obtenidos a cualquier exigencia de responsabilidad política. Son plenamente conscientes de que, sin Sánchez en el poder, perderían buena parte de la influencia y concesiones de las que disfrutan.
En el hipotético caso de que Sumar decidiera precipitar la caída del PSOE, perdería los cinco ministerios que el presidente Sánchez les concedió en calidad de socio minoritario, un reconocimiento que representa su principal logro dentro del pacto de coalición.
Desde la tramitación de la ley de amnistía para los implicados en el referéndum ilegal del 1-O hasta las promesas de una reforma en el modelo de financiación autonómica, especialmente para Cataluña y País Vasco, Pedro Sánchez lleva siete años tejiendo una red de compromisos con sus socios de investidura buscando asegurar su permanencia en el poder.
Con el PNV, el presidente no solo comparte gobierno en el País Vasco, donde los socialistas han facilitado la investidura del nacionalista Imanol Pradales como lehendakari, sino que también ha avalado cesiones de alto valor político para el partido vasco, como la entrega del histórico palacete de París, valorado en 15 millones de euros, presentada miembros del Ejecutivo Central como un acto de "justicia histórica".
En materia lingüística, el PSOE persiste en su empeño por lograr el reconocimiento oficial del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea, una batalla que incluso está dispuesto a costear los gastos, con el fin de cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura con Junts. Aunque hasta la fecha esta iniciativa no ha conseguido el respaldo necesario a nivel europeo, sí logró en 2023 la implantación del uso de las lenguas cooficiales en las Cortes Generales siendo un punto recogido en el acuerdo entre el PSOE y las fuerzas independentistas.
Aunque las informaciones comprometen la estabilidad del Gobierno y lo acorralan, sus socios, por el momento, no parecen dispuestos a renunciar a su cuota de poder. No obstante, sitúan la posible financiación irregular del partido como una línea roja si llega a confirmarse.