La larga y estremecedora lista de golpes a la Justicia de Sánchez más allá de las palabras

"Hay jueces haciendo política y hacen un inmenso daño a la Justicia", decía el lunes en TVE el presidente del Gobierno. Lejos de rectificar, Pedro Sánchez volvía este miércoles a la carga en una entrevista en The Guardian durante su viaje oficial al Reino Unido: "Están haciendo política, y esa es una realidad a la que nos enfrentamos no solo en España, sino también en muchas otras democracias".

La realidad es que, desde su llegada al poder, los ataques a los jueces han sido una constante, tanto por los casos que afectan a su entorno político y familiar­, como por las decisiones que le han ido complicado sus pactos con los independentistas. Sin embargo, más allá de las palabras, lo realmente grave —a la par que peligroso— es la larga y estremecedora lista de golpes que ha asestado a la Justicia —con mayúscula­— en los últimos años.

La renovación del CGPJ

El primer gran ataque a la Justicia se remonta a comienzos de 2021. El principio de acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para renovar el CGPJ parecía estar más cerca que nunca. Sin embargo, en el último momento, las negociaciones se rompieron después de que el PSOE optase por proponer como vocales a dos jueces que sabía perfectamente que la oposición no aceptaría bajo ningún concepto. De un lado, José Ricardo de Prada, el azote del PP en la trama Gürtel y al que se le achacan algunas de las frases más duras de la sentencia que acabó propiciando la moción de censura contra Mariano Rajoy. De otro, la que fuera diputada de Podemos Victoria Rosell.

El Gobierno optó entonces por iniciar su particular chantaje al principal partido de la oposición y, con el objetivo de añadir más presión al PP, aprobó la Ley orgánica 4/2021 que impide a un CGPJ en funciones renovar los cargos necesarios . De esta forma, si no se avenía a desbloquear el órgano de Gobierno de los jueces, le culparía de provocar la parálisis de los tribunales.

Poco le importaron las consecuencias de las que advirtió el propio Gabinete Técnico del Tribunal Supremo: "Va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año". El fin justificaba los medios.

El Tribunal Constitucional

Sin embargo, el Gobierno no parecía contar con que el PP no sucumbiría a la presión de inmediato, y pronto se dio cuenta de que su propia ley acabaría bloqueando también la renovación de cargos del Tribunal Constitucional, una renovación absolutamente necesaria para consumar su viraje progresista y garantizar así las pretensiones independentistas de sus socios de ERC y Bildu.

Ante esta disyuntiva, el Gobierno sorprendía en junio de 2022 con una nueva ley que venía a corregir la anterior con una excepción: el CGPJ en funciones seguiría sin poder hacer nombramientos, salvo los que más interesaban al Ejecutivo: los relativos al Tribunal Constitucional.

En diciembre de ese mismo año, los dos partidos de Gobierno amagaron con otro gran golpe: PSOE y Unidas Podemos presentaron dos enmiendas a la reforma del Código Penal para intentar eliminar la mayoría de tres quintos en el CGPJ necesaria para la renovación del TC. Afortunadamente, el acuerdo final con el PP descartaría esta posibilidad. Aun así, en enero de 2023, Sánchez logró lo que más le interesaba: colocar a Cándido Conde Pumpido al frente del máximo garante de nuestra Carta Magna.

El fiscal general del Estado

En noviembre de ese mismo año, aunque el Consejo General del Poder Judicial rechazó la idoneidad de Álvaro García Ortiz por ocho votos a favor y siete en contra, el Gobierno le confirmó en el cargo de Fiscal General del Estado al que había llegado en sustitución de Dolores Delgado. Era la primera vez que se rechazaba a un candidato propuesto por el Ejecutivo, pero a Sánchez no le importó. Como tampoco le han importado las innumerables críticas de los propios fiscales ni ante su nombramiento ni ante la decisión de mantenerle en el puesto a pesar de su imputación por la filtración del novio de Ayuso.

Los ataques y bulos sobre Peinado

En abril de 2024, tras la imputación de Begoña Gómez, comenzó la campaña de acoso y derribo contra el juez Peinado. Junto a las declaraciones contra el instructor de la causa, ataques a él y a su familia. Poco después, llegarían el bulo de los dos DNI del juez Peinado difundido por El Plural y las informaciones sobre su hija, a la que hasta ese momento nadie conocía. También El Plural. Público y la SER se encargaron de pregonar que es concejal en Pozuelo y desvelar todo tipo de detalles sobre su vida.

A nivel puramente jurídico, en julio de 2024, Sánchez incluso utilizó a la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez por prevaricación, tras citarle a declarar como testigo en el caso de su esposa, querella que, sin embargo, finalmente sería rechazada.

Amnistía, indultos...

Por aquellas fechas, el Gobierno ya había consumado otro de sus grandes ataque a la Justicia: en mayo, el Ejecutivo ya había logrado que el Congreso aprobase de forma definitiva la ley de amnistía, que suma a los indultos a los golpistas del procés y el vaciado del delito de sedición.

La peligrosa ley Bolaños

Y ya en este 2025, ante la acumulación de los distintos casos de corrupción que acechan a Sánchez y a su entorno político y familiar, el Gobierno ha pisado el acelerador de la llamada Ley Bolaños, con la que terminaría por someter definitivamente al Poder Judicial, aunque las fuentes consultadas por LD ya advertían hace meses de que "no es una Ley Bolaños, son cuatro".

La primera, para reformar el acceso a la carrera judicial y fiscal y dar paso a "jueces y fiscales menos formados y más dóciles para el poder". Además, pretende convertir el Centro de estudios jurídicos en un Centro de preparación de opositores, que será controlado por el Ministerio de Justicia. La segunda, la anunciada reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para dar más poder a Álvaro García Ortiz. Lo más grave: que esta reforma otorgará a la Fiscalía la dirección de la Policía Judicial en las investigaciones, es decir, que el Gobierno controlará a la UCO. La tercera, la limitación de las acusaciones populares. Y la cuarta, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) que arrebatará la investigación penal a los jueces para dársela a los fiscales.