El Gobierno de Pedro Sánchez ha intensificado en los últimos días sus críticas hacia el Poder Judicial, lo que ha generado una fuerte reacción de asociaciones de jueces, la oposición y miembros del ámbito jurídico.
Las palabras del presidente en una entrevista en la televisión pública, en las que acusa a ciertos jueces de "hacer política", han abierto la veda para que sus ministros intensifiquen esa idea en su argumentario.
El último en hacerlo ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. En una entrevista publicada este domingo por eldiario.es, ha atacado directamente a dos jueces con nombres y apellidos. Puente considerado que los jueces Ángel Hurtado y Juan Carlos Peinado, responsables de las investigaciones al fiscal general del Estado y a la mujer del presidente del Gobierno, respectivamente, son casos "claros" de jueces que hacen política.
En esa reciente entrevista en RTVE, Pedro Sánchez afirmó que "hay jueces que hacen política y políticos que hacen justicia", en referencia a distintas investigaciones judiciales que afectan a su entorno personal y familiar. Una idea que interpretó como un ataque directo a la independencia judicial. Poco después, el presidente insistió en sus declaraciones en medios internacionales, como The Guardian, donde volvió a denunciar que "algunos jueces están haciendo política" y cuestionó su imparcialidad.
Desde Moncloa, varios portavoces han salido en defensa del presidente, matizando que no se trata de una crítica generalizada a la judicatura, sino de señalamientos a "casos concretos" donde, a juicio del Ejecutivo, se han producido "extralimitaciones" por parte de algunos magistrados. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha subrayado que "no se puede asumir que todo lo que haga un juez es intocable" y defendió el derecho del Gobierno a opinar sobre determinadas actuaciones judiciales.
Las reacciones no se han hecho esperar. La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, utilizó su intervención en la apertura del Año Judicial para recordar que "las descalificaciones hacia la justicia son impropias de quienes ostentan cargos públicos" y advirtió sobre el riesgo de minar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
Por su parte, asociaciones judiciales como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) han rechazado con firmeza las palabras del presidente. María Jesús del Barco, presidenta de la APM, lamentó que "el respeto al Poder Judicial ha desaparecido del discurso del Gobierno", y consideró que estas declaraciones "ponen en entredicho la independencia judicial".
La oposición también ha cargado contra el Ejecutivo. El Partido Popular acusó a Pedro Sánchez de "estar acorralado por las investigaciones" que afectan a su esposa y a su hermano, y de intentar "desacreditar a la justicia para protegerse políticamente".
Mientras tanto, el clima de tensión institucional sigue en aumento. Desde diversos sectores se pide prudencia, responsabilidad y respeto mutuo entre los poderes del Estado. La estabilidad democrática, recuerdan muchos expertos, depende no solo del respeto a las leyes, sino también del mantenimiento de una cultura política basada en la confianza institucional y el equilibrio de poderes.
En este contexto, la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Poder Judicial atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años, por las acusaciones directas del Ejecutivo central.
El juez Peinado demanda a periodistas y políticos
Estas críticas constantes a la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, han hartado al letrado y le ha llevado a presentar varias demandas contra periodistas y políticos por injurias y calumnias.
Parte de la opinión pública viene acusando al Juez de prevaricar o de actuar movido por una finalidad política y espuria, algo contra lo que Peinado tomará acciones legales como, por ejemplo, contra el ministro Óscar Puente, el expolítico Pablo Iglesias o los periodistas Antón Losada o Ernesto Ekaizer, precisan fuentes consultadas por el periódico El Confidencial.
Según este periódico, el movimiento del magistrado se ha producido ahora para evitar una posible prescripción de lo que considera insultos intolerables que atentan contra su labor jurisdiccional y su independencia. Las demandas, ya formalizadas, suponen un primer paso dirigido a emprender en el futuro acciones civiles o penales. Pese a que la instrucción del caso no ha terminado y hubiera preferido actuar más adelante, el Código Penal establece un plazo máximo de un año para mover ficha, a contar desde que el ofendido tiene conocimiento de las calumnias o injurias en su contra. Tampoco descarta avanzar en el orden Civil.