La imposición del catalán llega hasta las playas de Barcelona. Las nuevas normas de licitación de los chiringuitos incluyen el conocimiento del catalán por parte de los empleados como criterio de puntuación para otorgar las licencias de explotación.
Una semana después de que un juzgado de la capital catalana declarara nulas las bases del concurso público del Ayuntamiento de Vich (Junts) para acceder al puesto de peón en el cementerio que incluían la exigencia de un nivel intermedio (B1) de catalán para lograr la plaza, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado las bases del concurso de los chiringuitos de playa para el periodo 2026-29 en el que se introduce la exigencia del nivel B2 de catalán a los empleados, lo que sumará puntos en el concurso.
En la sentencia se ordena que el consistorio de Vich se limite a exigir un nivel A2, el básico, solo un escalón por encima del considerado nivel "inicial" y que indica que se entienden instrucciones en un lenguaje elemental.
El fallo no ha sido óbice para que el Ayuntamiento de Barcelona, que preside el socialista Jaume Collboni, refuerce la ofensiva lingüística contra el idioma español, que no aparece como requisito en las condiciones del concurso. En cambio, además del catalán, se valorará el conocimiento de idiomas extranjeros.
Además de los criterios lingüísticos, el Ayuntamiento barcelonés añade requisitos en materia de calidad, sostenibilidad y responsabilidad social, según ha informado el consistorio a través de su televisión local.
Barcelona incorpora el català com a criteri a la licitació de les guinguetes de platjahttps://t.co/p0YtMIXByN
— btv notícies (@btvnoticies) October 20, 2025
El peso de los criterios económicos se reduce del 30 al 15% y además del conocimiento del catalán por parte de los trabajadores se valorarán también aspectos como que las empresas ofrezcan formación de género y no discriminación o que opten por la subcontratación de empresas de economía social para suministros y de personas en riesgo de exclusión social.
Además, el Ayuntamiento impondrá precios máximos en productos como botellas de agua, refrescos y bocadillos y se tendrá en cuenta que las empresas ofrezcan menús para personas con necesidades especiales. Habrá menos tumbonas por el retroceso de las playas y el Ayuntamiento promete mejorar los lavabos públicos.