El Gobierno aprobará este martes la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma que arrebata a los jueces la instrucción de las causas para entregarla a los fiscales, dependientes del Ejecutivo, concentrando así un mayor control gubernamental sobre las investigaciones en detrimento de la independencia judicial. El proyecto entraría en vigor en enero de 2028, por lo que, a priori, no afectará a las causas que salpican al Gobierno, al PSOE ni al entorno familiar de Pedro Sánchez.
Esta iniciativa, conocida como 'Ley Begoña', también contempla expulsar a los partidos políticos de la acusación popular y ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió que la nueva LECrim busca adaptar el modelo español al europeo, dejando a "los jueces para juzgar y ejecutar lo juzgado" y trasladando a la Fiscalía la responsabilidad de la investigación penal. Según Bolaños, se trata de una reforma "necesaria y más garantista", en la que "un juez de garantías será quien decida, revoque o confirme las decisiones que tome el Ministerio Fiscal en la investigación penal" durante la instrucción. Es decir, el juez de garantías controlará la duración de las investigaciones, el secreto de las actuaciones y cualquier medida que pueda afectar a los derechos fundamentales del investigado, como un registro o una intervención telefónica.
Sin embargo, la medida llega en un contexto de máxima tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con investigaciones en curso que afectan directamente al Gobierno, al PSOE e incluso al entorno familiar de Pedro Sánchez. La concentración de la instrucción en manos de fiscales afines al Ejecutivo ha encendido las alertas sobre la independencia de la Justicia.
De esta forma, el Gobierno continúa presionando a los jueces y maniobra para consumar el asalto al Poder Judicial, mientras Pedro Sánchez mantiene su intención de presentarse como candidato del PSOE en las próximas elecciones generales.