El mismo día en el que el Supremo considera probada la ilegalidad de los enchufes de las amigas o prostitutas de José Luis Ábalos, una de las amigas —ésta no era prostituta—, Claudia Montes, ha decidido hablar en la comisión de investigación del Senado para afirmar que ella trató de avisar a distintos cargos de los presuntos amaños de obras públicas. Uno de esos cargos fue el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón. Y lo que obtuvo a cambio fue un "castigo".
Claudia Montes ha afirmado en la comisión del Senado que trató de avisar a Adrián Barbón y al PSOE del amaño de contratos en el Ministerio de Transportes. Se trataba de las obras públicas con supuestas comisiones ilegales. ¿Qué ocurrió? Pues que Claudia Montes fue "castigada en un despacho cara a la pared".
Claudia Montes ha aportado más datos. Por ejemplo, que alertó de los amaños de contratos "a Óscar Gómez Barbero", director general de la filial de Renfe Logirail, que "decidió guardar silencio". Por lo visto, el premio a ese silencio ha sido su nombramiento como director general de Renfe con un sueldo cercano a los 200.000 euros.
Claudia Montes ha añadido, como señaló en el programa Código 10 de Cuatro, que Ábalos le advirtió: "El Gobierno irá por ti" y que "el presidente de Asturias puede conseguir que nunca vuelva a trabajar en Asturias".
Y todo ello ha ocurrido justo cuando el Tribunal Supremo ha dado por confirmado que la contratación de Montes o de Jéssica fueron ilegales: "Contratación de doña Claudia García Montes. De parecido modo, el aforado Ábalos y su asesor, señor García Izaguirre, promovieron también la arbitraria contratación de doña Claudia Montes Martínez —en este caso por la empresa pública Logirail—, con quien mantenían alguna clase de relación personal previa, si bien la misma sí acudió regularmente a su puesto de trabajo.
En este sentido, doña Claudia García Montes estuvo prestando sus servicios laborales en la referida empresa desde el año 2019 hasta el año 2022". Pero, pese a acudir a trabajar, el Supremo considera que su entrada en la empresa pública fue "arbitraria", es decir, que no siguió el procedimiento legal y neutral establecido.
Más irregularidades en el proceso de contratación
Otro apartado relata la "contratación de doña Jéssica Rodríguez García. Paralelamente, el señor Ábalos Meco habría desplegado su influencia como ministro del Gobierno de España, sirviéndose para ello de los oficios del señor García Izaguirre y de su hermano, para promover la contratación de la referida doña Jéssica Rodríguez García en sendas empresas públicas, sin que la misma hubiera de superar ninguna clase de proceso de selección relevante y sin que, con pleno conocimiento de aquellos, acudiera ni un solo día a sus respectivos centros de trabajo ni prestara tampoco en ellos actividad profesional de ninguna naturaleza".
El Supremo añade: "Así, doña Jéssica Rodríguez García fue contratada, por el procedimiento dicho, primeramente en Ineco y después en Tragsatec percibiendo ésta, con el conocimiento y por decisión de aquellos, los señores Ábalos Meco y García Izaguirre, las correspondientes nóminas generadas durante la vigencia de los respectivos contratos laborales, sin haber acudido un solo día, conforme ella misma manifestó en la declaración prestada ante este instructor, a sus sucesivos puestos de trabajo".
El TS explica que, de este modo, "doña Jéssica Rodríguez García fue contratada en Ineco desde el día 1 de marzo de 2019 hasta el día 28 de febrero de 2021, percibiendo una retribución total de 18.100 euros brutos anuales. Finalizado dicho contrato, y sin sujetarse tampoco a ningún procedimiento de selección relevante, los señores Ábalos Meco y García Izaguirre desplegaron su influencia a fin de que la señora Rodríguez García fuera contratada también por la empresa Tragsatec, sin apenas solución de continuidad con la finalización del contrato anterior, desde el día 2 de marzo de 2021 hasta el día 1 de septiembre del mismo año, percibiendo un salario mensual de 1.173,67 euros".