A Carles Puigdemont le han entrado las prisas por regresar a España y pretende que el Tribunal Constitucional ordene al Tribunal Supremo la suspensión de su orden de busca y captura. Y se basa para ello en el informe no vinculante del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El letrado Gonzalo Boye lo vuelve a intentar en el Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido y con mayoría "progresista". Es una prueba de fuego para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una "invitación" a que demuestre que sus palabras hacia Junts son sinceras y mantener así la relación y recuperar las reuniones en Suiza. Sánchez es el destinatario final de esta nueva maniobra jurídica de la defensa del líder de Junts.
El recurso de Boye pide al TC que "acuerde, con carácter urgente y preferente, la suspensión de la ejecutividad de las resoluciones impugnadas, y en particular la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión, al objeto de evitar la pérdida de finalidad del recurso de amparo y el perjuicio irreparable que su ejecución ocasionaría a los derechos fundamentales invocados".
Es decir, pretende que el TC le ordene al TS que se envaine la orden de detención y renuncie por completo a la interpretación de que en la malversación que se imputa al expresidente de la Generalidad y por la que ya fueron condenados sus compañeros golpistas hubo lucro personal.
Sin cabos sueltos
El recurso pide también al TC que "declare expresamente que la suspensión se mantendrá hasta que este Tribunal dicte sentencia firme en el presente procedimiento de amparo, o hasta que se resuelva cualquier incidencia relativa a la aplicación de la Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía cuya eficacia pudiera resultar afectada por las resoluciones recurridas".
Para no dejar cabos sueltos, Boye incluye otra petición al TC para que "acuerde cuantas demás medidas sean necesarias para asegurar la plena eficacia de la tutelar cautelar solicitada, incluida la comunicación inmediata de la suspensión a los órganos judiciales y policiales competentes, nacionales y europeos, para garantizar la paralización total de cualquier actuación dirigida a ejecutar las órdenes impugnadas".
Y todo esto en base a las conclusiones de uno de los abogados generales del TJUE, el luxemburgués Dean Spielmann, tristemente célebre por la suelta de más de sesenta terroristas de la ETA en 2013.
"El abogado general afirma que el ámbito material y temporal de la LOA comprende todas las actuaciones vinculadas al denominado procés', incluyendo "la totalidad de las conductas desarrolladas en ese contexto político e institucional", señala el recurso.
Otra de las afirmaciones de Spielmann le sirve a Boye para fundamentar su recurso: "Cuando concurren los presupuestos de aplicación de una amnistía, el órgano jurisdiccional debe dictar una resolución que ponga fin al procedimiento y proceda a su archivo sin más trámite".
Para Boye esa frase "opera como un mandato jurídico claro e inequívoco". De modo que Puigdemont le está pidiendo a Pedro Sánchez que active las "palancas" que le atribuye para poder regresar a España de una vez, hacerse la foto con él en Moncloa y contemplar presencialmente el fenómeno de Sílvia Orriols y Aliança Catalana, el partido que está dejando en los huesos a Junts.