Después de afirmar que, en caso de una sentencia condenatoria, el Ejecutivo se encogería de hombros y asumiría la responsabilidad de sus palabras, ahora, tras la decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y doce meses de multa por revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno sostiene que es "inocente" y niega que existan pruebas en su contra, señalando los "abusos de poder", tal y como este jueves mencionó Pedro Sánchez en su intervención en el Congreso durante la presentación de la serie de ficción "Anatomía de un Instante". En esta línea, el Ejecutivo podría llevar el caso al Tribunal Constitucional para mantener su discurso y, hasta entonces, seguir apelando al ‘lawfare’.
La indignación en el Gobierno es palpable al "no compartir" la sentencia y al no apreciar pruebas. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, expresó en los pasillos que "las sentencias se acatan", pero que esta resolución, "visto lo visto" en el juicio, es "una auténtica vergüenza". López verbaliza así el clima que se respira en el Ejecutivo. Mientras tanto, el Gobierno trabaja ya en el nombramiento del sustituto de García Ortiz, puesto que la condena obliga a su cese. "El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos", afirmó el ministro Félix Bolaños en una declaración institucional.
El nombre del próximo fiscal general del Estado podría revelar la estrategia del Gobierno. Opten por un perfil más combativo o por uno más prudente, en el Ejecutivo aseguran que será una figura de "máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho", mientras agradecen la labor de García Ortiz en defensa de "la ley, la verdad y la independencia de las instituciones públicas".
El malestar en el Gobierno es evidente, más aún en una semana marcada por la libertad condicional del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, y en un día como el 20N. Sin embargo, este caso ha dado cierto oxígeno al Ejecutivo, especialmente en su relación con los socios de investidura, que, nada más conocerse la noticia, utilizaron las redes sociales para cargar con dureza contra los jueces.