El Gobierno ha dado a conocer este martes quién será la sustituta del ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que presentó este lunes su renuncia después de ser condenado por el Tribunal Supremo. El hecho de que su dimisión se produzca antes de conocer la sentencia escrita hacía pensar que ya tenía sucesora, Teresa Peramato, y que será aprobada por el Consejo de Ministros en las próximas horas.
La elegida debe reunir, por primera vez, los requisitos acordados entre PP y PSOE en la renovación del CGPJ, y que exigió Bruselas para mejorar la independencia de la Fiscalía española, dados los nombramientos tan polémicos que se habían producido los últimos años. Primero, la fiscal Dolores Delgado, elegida justo después de ser ministra de Justicia de Pedro Sánchez y, después, su mano derecha y sucesor, García Ortiz, ahora inhabilitado.
Las condiciones las recordó este lunes el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: "Debe ser un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión; que cuente con el aval del CGPJ en su informe, preceptivo, y favorable, sobre la idoneidad del candidato para el puesto; y que no haya desempeñado cargos políticos en los últimos cinco años".
Lo que dice la ley
"Es una obligación legal", advirtió Feijóo, que añadió el compromiso de que la opinión del CGPJ sea vinculante, a diferencia de lo que ocurre ahora. La reforma de la Ley Orgánica 50/1981, de 30 de diciembre que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal, recoge en su artículo 29, apartado uno, que:
"El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. No podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico, ni quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una Corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma".
Desde el entorno de Podemos y Sumar instaron a Pedro Sánchez a nombrar al exjuez Baltasar Garzón, en lo que, sin duda, habría sido toda una provocación para la derecha. Aunque ya ha cumplido su pena por inhabilitación, su condena por prevaricación le dejaba fuera de la condición de "jurista de reconocido prestigio".
La trampa de Sánchez
Lo mismo que ocurría con su pareja, Dolores Delgado, cuyo nombramiento como fiscal de Sala fue tumbado por el TS, aunque ya cumple el requisito de cinco años desde que fue ministra, y se llegó a especular con recuperarla como fiscal general. Ambos encabezaron el pasado fin de semana una protesta frente al Alto Tribunal por la condena a García Ortiz, por lo que sus aspiraciones parecían ser querer sustituirle.
La elección de Sánchez en plena amenaza del Gobierno a la Justicia y, concretamente, al Tribunal Supremo, marca ya a la designada, al margen de su perfil, ya que se le presupone obediencia al Gobierno, como ha ocurrido con sus dos últimos antecesores que, paradójicamente, han caído en desgracia.