En Ferraz, la prioridad parece ser convocar una reunión de urgencia con las federaciones del PSOE, como hicieron este miércoles, antes que enviar las denuncias contra Paco Salazar por acoso a la Fiscalía. Son numerosas las voces que exigen que se dé ese paso ante la justicia, mientras la dirección nacional, por ahora, se abstiene. Por ahora, se limita a mantener abiertas las investigaciones previstas en el protocolo antiacoso tras cinco meses de parálisis. Ante esta situación, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y vicesecretaria general del PSOE entre 2017 y 2022, se ha adelantado y ha urgido al PSOE a ponerlo en manos de la justicia "de manera inmediata".
"Lo que nosotros le trasladamos ayer a la organización, a la comisión ejecutiva federal, es que en el momento en que acaben los trabajos, que entiendo que están recopilando información, los trabajos de ese comité antiacoso, lo que hay que hacer es de manera inmediata, y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía", ha afirmado Lastra en un acto en las nuevas dependencias de la Policía Local de Oviedo habiendo sido una de las primeras en pronunciarse en contra del nombramiento de Salazar en julio.
La indignación en las filas socialistas no deja de crecer, alimentada por la certeza de que Ferraz les mintió, como fuentes socialistas revelaron a Libertad Digital, al asegurarles que las denuncias por acoso contra Paco Salazar eran "un complot para impedir que ocupara un puesto en la dirección nacional". Las socialistas reconocen que este asunto golpea de lleno al partido y exigen claridad. "Yo quiero que quede muy claro, negro sobre blanco, que es lo que ha pasado con todo esto y sobre todo quiero que se proteja a las víctimas. Me duele enormemente pensar que hay mujeres que con todo este espectáculo mediático están sufriendo", ha dicho la diputada y portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Andrea Fernández.
"Una de las cosas que más nos costó trasladar a la sociedad es que la violencia contra las mujeres no es una cuestión del ámbito privado, es un delito público", ha dicho Lastra después de que parte de la militancia denunciara un trato de favor hacia Salazar por parte de la dirección del partido tras la aparición del caso y la percepción de que se intentó encubrirlo.
Todo ello en un contexto en el que el presidente del Gobierno aún no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto que afecta a quien fuera su asesor en Moncloa.