El alcalde socialista de Monforte de Lemos, José Tomé, ha anunciado su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y dejará sus cargos en el Partido Socialista de Galicia después de que al menos seis mujeres le hayan acusado de acoso sexual, según la información desvelada por el programa Código 10. Pese a la gravedad del escándalo y a su renuncia en el partido, Tomé ha decidido mantenerse en la Alcaldía como no adscrito y conservar su acta de diputado provincial.
Tras conocerse su dimisión, Ferraz ha decidido suspender cautelarmente de militancia a Tomé y le ha reclamado tanto su acta de diputado autonómico como la renuncia a la Alcaldía. El PSOE ha confirmado además que existe una denuncia por acoso contra él, registrada este lunes por la tarde a través del sistema interno de denuncias del partido. La dirección federal también ha anunciado la creación inmediata de una comisión gestora en la provincia de Lugo.
El hasta ahora secretario general del PSOE en la provincia de Lugo ha anunciado su renuncia a medias en una comparecencia a los medios de comunicación en Monforte, todo ello a pesar de que esta misma mañana había dicho que no iba a dimitir y que las acusaciones de acoso sexual "son mentira". Nuevamente ha asegurado que "todo lo que había salido" sobre las denuncias por tocamientos, insinuaciones y ofertas de puestos de trabajo a cambio de comportamientos sexuales, era "falso".
Las denunciantes aseguran que sus denuncias fueron ignoradas por los máximos dirigentes socialistas. Es más, apuntan a que la intención los dirigentes provinciales y regionales era tapar el caso, mientras Tomé acumulaba más poder.
En el PSOE insisten en "no minimizar la gravedad del acoso", en plena sacudida por el escándalo del que fuera asesor de Pedro Sánchez, Paco Salazar. Y mientras ese caso ha tardado cinco meses en desencadenar una respuesta interna tras la presión mediática, ahora el partido se apresura a activar todos los resortes.
El PSOE sostiene que desde el mismo día en que se recibió la denuncia contra Tomé se puso en marcha "el trámite de análisis y contraste" hasta completar el informe de conclusiones, tal y como marca el Protocolo antiacoso. En el partido remarcan que "la suspensión de militancia no supone el fin del procedimiento".