El expresidente de la SEPI detenido fue puesto por la Junta socialista de Andalucía como supervisor de todos sus gastos

Vicente Fernández Guerrero ha sido siempre el hombre de confianza de María Jesús Montero. Fue elegido por ella como presidente de la SEPI en 2018, nada más llegar al Gobierno Pedro Sánchez. De hecho, tuvo que ser sacado de ese cargo tras ser imputado por otro caso, el de la concesión de la mina Aznalcóllar, del que acaba de ser absuelto pese a haber llegado a tener una petición de pena de 19 años de prisión.

Pero antes de eso fue ya el hombre clave de Montero. Y de toda la Junta andaluza. Y es que en 2016 fue colocado por los socialistas en ese gobierno regional nada menos que como interventor general de la Junta. Es decir, que era la garantía de legalidad de todos sus gastos.

Acaba de ser detenido en una nueva trama, la trama SEPI. Y es que su triunfo judicial de este mismo mes de diciembre le ha durado poco: el pasado 5 de diciembre se le comunicaba la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Sevilla tras ser acusado del amaño del concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar.

Y es llamativo que en el primer día del juicio de este caso -Aznalcóllar-, celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla el pasado 3 de marzo, Leire Díez apareciera en la sala judicial.

La influencia de Fernández Guerrero en el Gobierno

Vicente Fernández Guerrero siempre ha tenido penetración en el Gobierno nacional de la mano de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, secretaria general del PSOE andaluz y número dos de la Ejecutiva Federal del partido.

En junio de 2018 Montero aupó a Fernández Guerrero como presidente de la SEPI, la sociedad estatal estrella que acumula y gestiona las participaciones públicas en Correos, ENUSA, Navantia o RTVE.

El paso de Fernández Guerrero no superó los quince meses. Tuvo que dimitir en octubre de 2019 al ser imputado por el caso Aznalcóllar.

Pero antes de todo ello, Fernández Guerrero logró ya un cargo que revela la enorme confianza del PSOE andaluz y de Montero en él: fue designado como interventor general de la Junta de Andalucía, un cargo que ostentó entre febrero de 2016 y junio de 2018. Y ese periodo coincide con la estancia de Montero como consejera de Hacienda de la Junta en el último gobierno socialista, el de Susana Díaz.

La Intervención General no es cualquier cosa. Y menos en los gobiernos socialistas de Andalucía. Se trata del organismo superior en materia de control interno y contabilidad pública de toda la Administración regional y del largo listado de entidades controladas. De hecho, en 2018 esa entidad controlaba nada menos que un presupuesto cercano a los 35.000 millones de euros.

Y justo allí es donde los socialistas andaluces y Montero de forma especial decidieron colocar al ahora detenido: para que garantizase la legalidad de todas las operaciones y gastos de la Junta socialista de Andalucía.