Montero avaló personalmente el rescate a Plus Ultra: elevó al consejo de ministros el pago de los 53 millones

María Jesús Montero no fue una persona cualquiera en la tramitación del más que polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra. Víctor de Aldama ha denunciado ya que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, acudió a la ministra de Hacienda y última responsable de la SEPI –la pagadora final del rescate con el dinero de todos los españoles más los fondos de la UE– ante la petición de Pedro Sánchez de que se pagara el rescate de Plus Ultra. Y que Montero respondió que la SEPI ayudaría en el rescate. Y así fue con la implicación personal de la vicepresidenta de Hacienda.

El papel de cada uno de los cargos políticos en ese rescate fue el siguiente: Pedro Sánchez respaldó las presiones de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como ha denunciado Aldama; la ministra de Hacienda y responsable final de la SEPI, Montero, validó el rescate y lo propuso al Consejo de Ministros, tal y como han confirmado a Libertad Digital fuentes internas conocedoras de aquella tramitación; el responsable de la SEPI como aval del pagador (Bartolomé Lora, con su rango de vicepresidente tras la salida de Vicente Fernández Guerrero –pese a que Montero le dejó la silla libre de presidente de la entidad para que volviera en el momento en el que se librara de la imputación por el caso Aznalcóllar–); y los ministros responsables de la tramitación: Ábalos, por Transportes, y, de nuevo, Montero por Hacienda.

Y, por lo tanto, todos ellos quedan dentro del ámbito de responsabilidades por lo ocurrido. Y hay que recordar que no es el primer caso que salpica a Montero, ni mucho menos.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue escapando a la imputación, pero no será por falta de casos que la rodean. La trama SEPI es en sí misma, la trama Hacienda. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está dentro de las responsabilidades del Ministerio de Montero, por lo que la última responsable –aunque sólo sea por su obligación de vigilancia–de los presuntos contratos amañados en el seno de la SEPI es la vicepresidenta.

Y es que ella personalmente decidió nombrar al expresidente de la SEPI detenido, Vicente Fernández Guerrero. Por ello la investigación por los presuntos amaños de contratos públicos incluyó un registro en la SEPI y otro en dependencias del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.

El papel de Leire Díez durante la pandemia

Fue igualmente Montero la responsable final de la inclusión de Leire Díez como representante de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en el equipo ministerial designado para "contactar, negociar, seleccionar y validar" las contrataciones de urgencia durante la pandemia. Todo un maná de dinero que tendrá ahora que evaluar la UCO y que quedó al alcance de las gestiones de Leire Díez.

Y no olvidemos que Leire Díez trabajó en ENUSA -Empresa Nacional del Uranio- entre 2018 y 2021. Y fue apoderada, apoderada mancomunada y apoderada mancomunada solidaria de Correos entre 2022 y 2024. Ambas empresas dependen de la SEPI y, por lo tanto, en última instancia de Montero, pese a lo que la vicepresidenta asegura que no la conoce.

Leire Díez fue, además, consejera de la firma Cistec Technology. Y esta empresa recibió 2,3 millones de María Jesús Montero y Nadia Calviño. La SEPI compró el 25,5% de Cistec, cuando se encontraba en serias dificultades económica y con deudas estatales. Cistec Technology recibió ese año 960.000 euros del Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño y del ministerio de Industria de Reyes Maroto. Y el mismo ejercicio SEPIDES-SEPI Desarrollo-, filial de SEPI (Hacienda), compró el 25,5% de su accionariado para ayudarla.

Para colmo, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destacado en la trama SEPI otro nombre cercano a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno. Se trata del alto cargo de Sepides que firmó la adjudicación por la que la trama se habría llevado una mordida de 400.000 euros. El alto cargo es Fernando Albert Aragón, quien, de nuevo y emulando al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, coincidió con Montero en su etapa en la Junta de Andalucía y fue fichado por esta entidad con la llegada de Sánchez y Montero al Gobierno.