En plena oleada de huelgas en los servicios públicos, marcada por la crisis de la red ferroviaria tras el trágico accidente de Adamuz y las protestas del colectivo médico por el Estatuto Marco, el Gobierno ha decidido cargar contra el PP en plena campaña electoral en Aragón, señalándolo como "culpable" de la paralización de la revalorización de las pensiones tras la caída del decreto ómnibus en el Congreso.
El Ejecutivo intenta convencer a la opinión pública de que toda la responsabilidad recae en el principal partido de la oposición, cuando tradicionalmente la subida de las pensiones se contemplaba en los Presupuestos Generales del Estado, que ahora están ausentes, incumpliendo con el mandato constitucional. En realidad, fue el PP quien propuso fragmentar el decreto que incluía medidas ajenas a los jubilados, como la prórroga del decreto antidesahucios, con el objetivo de facilitar su aprobación.
El Ejecutivo hizo oídos sordos y este miércoles ha salido en tromba para señalar al PP, no a Junts, al que aún necesita, como responsable de bloquear la revalorización de las pensiones. Al mismo tiempo, desde el Gobierno ya se baraja volver a llevar el decreto al Congreso en su totalidad, sin eliminar ninguna de las medidas incluidas. Además, se promueve activamente la movilización de sindicatos y colectivos afines para presionar al principal partido de la oposición, en un movimiento que coincide con la campaña electoral en Aragón.
"Necesitamos iniciar en los próximos días una movilización ciudadana y política para que ese decreto no decaiga y en eso es en lo que vamos a trabajar en los próximos días", ha declarado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, apenas unas horas después de que Felicitas 'Feli' Velázquez, activista de la PAH y exdirigente del PCE, fuera desalojada de la tribuna de invitados por increpar a gritos al Partido Popular tras la votación del decreto ómnibus.
Ya se han convocado protestas frente a sedes del Partido Popular, al que se acusa de mezclar la votación con intereses partidistas, cuando en realidad ha sido el Gobierno quien incluyó en un decreto 'batiburrillo' distintas iniciativas ajenas a los jubilados.