La obra pública del desdoblamiento de los túneles de Belate ha disparado las alertas anticorrupción por la aparición en todas sus fases de concesión pública de la trama de Santos Cerdán. Se trata de una obra con un coste total cercano a los 70 millones de euros, donde figura como adjudicataria la principal empresa de la trama de obras públicas Servinabar, la misma en la que figura como socio con derecho al 45% del capital Santos Cerdán.
Y resulta que la motivación para desdoblar los túneles fue tan escandalosa que contó con un expediente de la propia UE en 2019 por incumplir la directiva en materia ferroviaria por cuestiones tan delicadas como, por ejemplo, la falta de salidas de emergencia en caso de accidente.
El expediente no se abrió por cualquier motivo. La UE observó en aquel momento que se incumplían las exigencias en materia de seguridad que regula Europa. La Comisión Europea inició por ello un expediente de infracción y su primer paso fue pedir al Gobierno de España información concreta sobre la situación de los túneles y las actuaciones previstas. Y, por lo tanto, fue el propio Gobierno el que motivó la obra en la que apareció Cerdán y su empresa.
La advertencia de la UE llegó a Navarra aquel año. Por ello precisamente se decidió desdoblar los túneles de Belate y Almandoz de cara al año 2025, con una inversión inicial prevista de cerca de 100 millones de euros.
El Gobierno de Navarra había recibido en octubre de 2019 y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores la carta de emplazamiento por expediente de infracción de la Comisión Europea. Y, por lo tanto, Santos Cerdán tuvo muy fácil ver la oportunidad de negocio.
Los túneles de Belate y Almandoz formaban parte de la red transeuropea de transporte. Estaban ubicados en la carretera N-121-A y disponían de un carril por cada sentido. El de Belate medía 2,98 KM y el de Almandoz 1,23 KM.
La Unión Europea alertó no solo de ello, sino que también se acabaron los plazos sin adaptarse a la directiva de seguridad. El principal problema se centraba en la falta de salidas de emergencia. Pero tampoco se cumplía la normativa de la UE en materia de ventilación longitudinal. Todo ello mientras Europa los calificaba de túneles de "peligrosidad elevada".
En ese momento se tuvo que decidir si se transformaban los túneles viejos o si se hacían unos nuevos. Y se optó por unos nuevos: el desdoblamiento. De ese modo, nació un proyecto con túneles paralelos a los originales y conectados con ellos. La razón esgrimida: poder realizar una evacuación en caso de accidente en el túnel y abrir la posibilidad de acceso de vehículos de emergencias.
Y allí surgió la empresa de Santos Cerdán. Servinabar fue adjudicataria del proyecto: la obra de desdoblamiento o duplicación de los túneles de Belate fue adjudicada a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000 S.L., siendo esta última una pequeña y muy reciente empresa navarra. A mediados de 2025 Servinabar fue excluida formalmente de la UTE y desapareció de los rótulos oficiales en la obra tras decisiones internas de los socios (Acciona y Osés) y la absorción de su participación por ellos. También se informó de que había vendido su parte en el proyecto de los túneles a Acciona, según declaraciones oficiales ante la comisión parlamentaria navarra.
El proyecto ha estado en el foco de una investigación más amplia vinculada al llamado "caso Koldo", en el que la Guardia Civil (UCO) encontró documentos que probaban que Santos Cerdán —ex-secretario general del PSOE y ex-preso de Soto del Real— tenía derecho a un 45 % de Servinabar.