La Guardia Civil ha destapado indicios de un posible delito de cohecho relacionado con la empresa de energías renovables Forestalia y el exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón Alfredo Boné. Según ha confirmado El Mundo, la investigación apunta a un presunto pago de alrededor de cuatro millones de euros que habría beneficiado a Boné y a dos de sus colaboradores más cercanos durante su etapa en la Administración autonómica.
Las diligencias están dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel y cuentan con el apoyo de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concretamente por su área especializada en Medio Ambiente. La causa se enmarca en una investigación más amplia sobre los posibles tratos de favor a Forestalia en el desarrollo de grandes proyectos eólicos en Aragón.
El origen del supuesto pago: la venta de Viadós
El foco principal de las pesquisas se sitúa en la venta, en noviembre de 2018, de la empresa Viadós a Forestalia por una cantidad que oscila entre los cuatro y los 4,5 millones de euros. Esta sociedad había sido constituida en enero de 2015 por el propio Boné, su exviceconsejero Luis Marruedo y quien fuera su jefa de gabinete, Ana Cristina Fraile.
De acuerdo con las fuentes judiciales citadas por el diario El Mundo, los investigadores consideran que Forestalia habría "sobrepagado" por una "microempresa" prácticamente sin valor activo. La sospecha es que el desembolso encubriría en realidad un pago por supuestos servicios prestados con anterioridad. Los tres excargos públicos niegan de forma tajante estas acusaciones y rechazan que existiera irregularidad alguna en la compraventa, explican desde el medio.
Uno de los elementos que refuerza las sospechas de la UCO es la escasa actividad real de Viadós durante los años previos a su venta. Según consta en el informe policial al que ha tenido acceso El Mundo "desde el mismo día de su fundación", la empresa mantuvo "un acuerdo con la mercantil Forestalia Renovables SLU", sin que se hayan localizado "otros clientes" relevantes en esa primera etapa.
Creada para el "soborno"
Durante casi tres años, Viadós habría trabajado prácticamente en exclusiva para Forestalia. Tras la venta, Boné, Marruedo y Fraile continuaron vinculados profesionalmente al grupo energético, aunque Boné se desvinculó poco después, según lo publicado por el diario. Los investigadores incluso barajan la hipótesis de que la sociedad se creara en 2015 con el objetivo prioritario de servir como vehículo para el presunto soborno ejecutado en 2018.
Desde el entorno de Boné, Marruedo y Fraile se mantiene una versión completamente distinta. Aseguran a El Mundo que el precio de venta fue "absolutamente ajustado" al valor real de la empresa, que en aquel momento contaba con 28 empleados y gestionaba "casi toda la tramitación de Forestalia".
Según estas fuentes, Viadós obtenía un 80% de su volumen de negocio del grupo renovable y la operación respondió al interés de Forestalia en integrar una empresa que trabajara en exclusiva para ellos.
La investigación sobre la compraventa de Viadós se abrió en julio del año pasado, a raíz de las pesquisas sobre el megaproyecto eólico del Clúster del Maestrazgo, el mayor de España actualmente en tramitación. El plan contempla la instalación de hasta 200 aerogeneradores en una zona de alto valor ambiental.
Las diligencias judiciales, iniciadas en 2023, fueron derivando hacia la posible existencia de favores administrativos concedidos a Forestalia desde distintas instancias de la Administración autonómica. En este procedimiento actúa como acusación Teruel Existe, a la que posteriormente se ha sumado Vox.
Los antecedentes más recientes
Alfredo Boné, del PAR, fue consejero de Medio Ambiente entre 2002 y 2011 durante los gobiernos del socialista Marcelino Iglesias en coalición con el partido regionalista. Tras abandonar el Ejecutivo autonómico, mantuvo su escaño como diputado hasta 2015, año en el que dejó la política y comenzó a colaborar con Forestalia.
Este no es el único caso en el que se ha visto envuelta la empresa de energías renovables Forestalia. Fue en el mes de diciembre, cuando El Mundo reveló las denuncias de funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica que aseguraban haber recibido presiones para aprobar unos proyectos ambientalmente inviables de la empresa. Además del despido en 2018 de un alto cargo en Zaragoza por negarse a tramitar dos proyectos del grupo, decisión que posteriormente fue corregida por la Justicia.
En el mismo mes, la UCO registró las oficinas de Forestalia en Zaragoza en el marco del conocido como Caso Leire, por presuntas irregularidades en los contratos y las adjudicaciones públicas.