El Gobierno insiste, pero vuelve a estrellarse contra el muro. Junts desoye los cantos de sirena del PSOE y exhibe un escepticismo absoluto ante el decreto del escudo social que el Congreso de los Diputados votará la próxima semana, después de tumbar el decreto ómnibus con el que el Ejecutivo pretendía agrupar la revalorización de las pensiones y la prórroga antidesahucios. La derrota evidenció el error de empaquetar ambas medidas en un mismo texto, una maniobra que la oposición leyó como un intento de forzar apoyos bajo presión política. Especialmente controvertido fue el uso de la subida de las pensiones en clave electoral, en plena campaña en Aragón con Pilar Alegría.
Pese a haber rectificado y dividir la iniciativa en dos decretos —por un lado, la actualización de las pensiones; por otro, el cajón de medidas que incluye ayudas directas a los afectados por la dana, la prórroga del bono social energético y la medida más criticada, la prórroga antidesahucios—, el Gobierno da por hecha la que podría convertirse en su enésima derrota parlamentaria.
En La Moncloa admiten que las negociaciones "no avanzan" en torno al denominado escudo social. Reconocen, además, que Junts no está en modo negociación y que su voto "ya no responde al contenido". El Ejecutivo asume que ha perdido capacidad de influencia sobre uno de sus socios clave. Lo más significativo es que, según fuentes próximas al presidente, en esta ocasión los de Carles Puigdemont ni siquiera plantean exigencias concretas a cambio de sus siete 'síes'. Ni siquiera la aprobación de la Ley de Multirreincidencia —respaldada por el PSOE con el apoyo de PP, Junts, Vox, PNV y UPN— ha bastado para recomponer los puentes con los de Carles Puigdemont.
Con todo, en el Gobierno aseguran que lo intentarán "hasta el último momento". "Confío en que algo les haga moverse", deslizan las mismas fuentes. Todo ello en un contexto de creciente presión para presentar unos Presupuestos Generales del Estado, tras dos años y medio prorrogados. El Ejecutivo mantiene que su margen se agota en el primer trimestre del año, aunque ese calendario se ha ido desplazando desde el arranque del curso político en septiembre.