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El PP llevará al Parlament la ley antiokupación ante el bloqueo de Armengol en Madrid

El Ejecutivo autonómico activa medidas de choque para asegurar mil pisos a precio limitado destinados a quienes cumplan diez años de convivencia.

El Ejecutivo autonómico activa medidas de choque para asegurar mil pisos a precio limitado destinados a quienes cumplan diez años de convivencia.
Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio de Madrid. | Europa Press

La presidenta del Partido Popular en las Islas Baleares y jefa del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, ha anunciado una nueva ofensiva legislativa para combatir la ocupación ilegal de viviendas. Ante lo que considera una parálisis deliberada en Madrid, el PP registrará su propia ley antiokupación directamente en el Parlament balear.

Un pulso político con el Congreso

Durante el tradicional encuentro anual de los populares en Eivissa, Prohens ha cargado duramente contra la gestión nacional de la normativa. La presidenta balear ha justificado este movimiento denunciando que Francina Armengol "mantiene secuestrada la que el PP aprobó en el Senado".

La líder del PP ha sido tajante respecto a la estrategia de la presidenta del Congreso de los Diputados: "Puede que Armengol no quiera que se vote la ley del PP Antiokupación en el Congreso, pero tendrán que hacerlo en el Parlament balear". Con este paso, el partido busca sortear el bloqueo institucional y dar una respuesta legislativa inmediata a las islas.

Compromiso con Eivissa y la vivienda asequible

En clave local, Prohens ha querido lanzar un mensaje de respaldo a los ibicencos, afirmando que mientras ella lidere el Govern, la isla "nunca más volverá a estar sola". Ante la grave crisis habitacional que atraviesa Eivissa, la presidenta se ha comprometido a poner en marcha soluciones urgentes, asegurando que tanto los inmuebles actuales como "las mil que habrá a precios asequibles sean para la gente de aquí".

Finalmente, Prohens ha marcado el perfil de los beneficiarios de estas políticas de vivienda, señalando que las ayudas y la protección deben ir dirigidas a "aquellos que llevan más de diez años con nosotros respetando nuestras leyes y nuestras costumbres", vinculando así el acceso residencial a la integración y el arraigo en el archipiélago.

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