Ha pasado casi año y medio desde que el Gobierno de Pedro Sánchez escenificara la puesta de largo de su Plan de Acción por la Democracia, tras aquellos cinco días de reflexión motivados por la investigación abierta contra Begoña Gómez para combatir la "desinformación". Este martes, el Consejo de Ministros ha dado un paso más al aprobar el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, que fija en un 35% el máximo de ingresos que un medio de comunicación podrá recibir de la publicidad institucional sobre el total de su facturación.
"Es una cifra que se ha consensuado con el sector", ha defendido el ministro responsable, Óscar López, quien ha insistido en que "un medio que tiene un 60-70% financiado con fondos públicos no es un medio, será otra cosa". Según el Gobierno, se trata de la fórmula elegida para reducir el control político sobre la prensa y reforzar su ofensiva contra lo que califica de "pseudomedios" o "fachosfera". El objetivo, sostienen, es "restaurar plenamente la confianza en la democracia, hacerla más libre y más limpia" frente a la "desinformación y los bulos".
Sin embargo, la norma, que prevé acotar la financiación pública de los medios, no contempla sanciones para quienes superen ese límite. "No se trata de sanciones, se trata de las condiciones para acceder a la publicidad institucional", ha subrayado López. Una circunstancia que, podría explicarse porque el Ejecutivo es consciente de que algunos medios próximos al Gobierno podrían rebasar ese umbral, sin embargo en el Ejecutivo admiten que no pueden precisar a quién afectaría en estos momentos la medida. "¿A quién afecta concretamente ahora mismo? No lo podemos saber porque precisamente falta transparencia para saber hasta dónde llega", ha señalado el ministro.
Amparándose en su discurso a favor de la "regeneración y defensa del pluralismo", el Gobierno quiere que se conozca con detalle cuánto invierten en publicidad tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aunque descarta que el incumplimiento del umbral pueda traducirse en multas.
En todo caso, quedarán fuera del límite del 35% aquellos medios con un volumen de negocio inferior a dos millones de euros y de ámbito territorial. También se contemplan medidas de apoyo para los medios de comunicación que emitan íntegramente en lenguas cooficiales.