Europa investiga la legalidad de la baliza V16 tras advertir a España

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo analizará este jueves cuatro peticiones ciudadanas sobre la decisión del Gobierno de España de imponer la obligatoriedad de la baliza luminosa V16, conectada al sistema DGT 3.0, y que entró en vigor el 1 de enero de 2026, según ha podido saber Libertad Digital.

Estas reclamaciones, que ya han sido admitidas a trámite y figuran en la agenda de trabajo de la comisión parlamentaria, serán estudiadas por parte de los eurodiputados, que evaluarán su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea y escucharán los argumentos de los peticionarios.

Hace unos días, la Comisión Europea confirmó, en respuesta a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, que el Gobierno de España no notificó a Bruselas, tal y como exige la legislación europea, la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16, lo que plantea problemas jurídicos y puede acabar prohibiendo su uso.

La Comisión de Peticiones que analizará este jueves si la baliza se ajusta al Derecho comunitario, es el órgano encargado de examinar las denuncias de ciudadanos europeos que consideran que una medida nacional vulnera la normativa de la UE o sus derechos fundamentales, y podrá solicitar explicaciones a la Comisión Europea o promover actuaciones adicionales.

El Partido Popular defiende que la obligación de utilizar este dispositivo constituye una carga legal y económica exclusiva para los conductores con vehículos matriculados en España, que nada tiene que ver con el Derecho comunitario y cuyo fin solo es recaudatorio.

En concreto, una de las peticiones denuncia directamente la imposición de este dispositivo como equipamiento obligatorio en los vehículos matriculados en España, al considerar que supone una carga normativa y económica adicional para los conductores.

Las otras tres peticiones solicitan expresamente al Parlamento Europeo que revise la compatibilidad de la normativa española con el Derecho comunitario, al entender que esta obligación podría vulnerar los principios fundamentales de la Unión, en particular la igualdad de trato entre ciudadanos europeos y el correcto funcionamiento del mercado interior.

Los peticionarios señalan que esta exigencia afecta exclusivamente a los conductores con vehículos matriculados en España, mientras que los vehículos procedentes de otros Estados miembros pueden circular por el mismo territorio sin estar sujetos a esta obligación, lo que, a su juicio, podría constituir una discriminación contraria a los Tratados europeos.

Asimismo, las denuncias trasladan a las instituciones europeas la necesidad de evaluar el impacto económico de esta medida sobre los ciudadanos y determinar si la normativa española se ajusta al marco jurídico europeo.