En este análisis, Carlos Cuesta denuncia la forma de defensa agresiva con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez responde a las informaciones que le resultan incómodas. El detonante de este nuevo episodio de hostilidad hacia la prensa independiente ha sido la exclusiva en Libertad Digital de una noticia referente a la salud del presidente. Según la información, contrastada por este medio, Sánchez padece una dolencia cardíaca por la que está recibiendo tratamiento desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal.
Cuesta defiende que se trata de una información pública de primer orden, ya que cualquier circunstancia que afecte a la salud del jefe del Ejecutivo repercute directamente en la estabilidad de la gobernabilidad del país. El proceso informativo seguido por esta casa fue escrupuloso, siguiendo los estándares de rigor periodístico. Antes de difundir la noticia, el equipo se puso en contacto con el complejo de la Moncloa para ofrecerles la oportunidad de confirmar, matizar o desmentir los datos. Sin embargo, la respuesta obtenida fue una muestra de mala educación y opacidad. Cuesta relata cómo tuvieron que perseguir a los responsables de comunicación, quienes enviaron a una persona que se negó a identificarse, llegando a comparar irónicamente la situación con la entrega de un paquete de Amazon. A pesar de tener la oportunidad de negar la dolencia, el Gobierno declinó hacerlo, lo que llevó a la publicación de la noticia y al posterior estallido de furia gubernamental.
La reacción del entorno sanchista no se hizo esperar y se tradujo en una catarata de insultos dirigidos tanto a los periodistas como a figuras de la oposición que se hicieron eco de la noticia. Adriana Lastra, en un alarde de lo que Cuesta califica como degradación política, cargó contra Cayetana Álvarez de Toledo por preguntar sobre la salud del presidente. Esta actitud demuestra, a juicio del analista, que el Gobierno prefiere el ataque personal y la descalificación antes que dar explicaciones transparentes sobre un asunto de relevancia nacional. La estrategia parece clara: criminalizar al mensajero para desviar la atención sobre el estado de salud de Sánchez.