La nueva maniobra de distracción de Sánchez también fracasará: por qué el Gobierno no 'blindará' el aborto

La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para blindar el aborto en la Constitución ha pasado este jueves el primer examen en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo y sus socios comunistas y separatistas han rechazado las enmiendas del Partido Popular y VOX que pedían devolver la reforma. En concreto, han contado con 177 votos en contra (PSOE y los socios) y 171 a favor (PP, VOX y UPN).

Esto supone que el texto continúa su tramitación parlamentaria y que el Gobierno socialista necesitará aunar una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado, por lo que no tendrá mucho más recorrido, ya que Sánchez no dispone de tantos apoyos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha aplaudido que la propuesta del Gobierno para blindar el aborto en la Constitución siga en pie y ha llamado a la "búsqueda de consensos" para sacarla adelante. "Yo creo que es un día importante, es un día de celebración, es un día para estar satisfechas porque nuestra propuesta constitucional de blindar el aborto ha pasado el trámite de la totalidad y, por lo tanto, se va a debatir", ha insistido.

Redondo ha destacado que "son derechos de las mujeres conquistados con mucho esfuerzo, son muchas vidas que han tenido que luchar para que este derecho esté reconocido legalmente y ahora lo que queremos es blindarlo en la Constitución como han hecho otros países, como ha hecho Francia, como ha hecho Luxemburgo".

En la misma línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que "PP y VOX fracasan en su intento de hacernos retroceder al pasado: el Congreso da un paso más para blindar el derecho al aborto en la Constitución. La libertad de las mujeres ni se cuestiona ni se negocia. Se respeta, se asegura y se defiende. Ganan las mujeres y gana España".

La reforma planteada por el Ejecutivo consiste en añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar su prestación en condiciones de igualdad. Redondo ha insistido en que el objetivo es evitar desigualdades territoriales y "posibles retrocesos".