El robo sindical, aquí tienen la explicación del porqué UGT y amigos se ven obligados a expoliar a los parados, y de paso lo que es una militancia activa

Francisco Fernández Sevilla, el líder de UGT-Andalucía, aclaró hace unos días que
los afiliados de su sindicato no son "hermanitas de la caridad". Desconozco si
alguien ha afirmado alguna vez lo contrario –confundiendo, quizá, el acoso
sindical a la juez Alaya tras el arresto del secretario de UGT-Cádiz con una
devota procesión religiosa–, pero se agradece la aclaración. Fernández Sevilla
justificó la manifestación frente al juzgado de la hoy escoltada Alaya como un
ejemplo de "militancia activa" frente a la "campaña muy bien orquestada" de
“ataques” de la derecha para “desprestigiar” a su organización.

Pero lo de las hermanitas de la caridad vino por otra cosa. Fue para justificar
(¿?) el "derecho a cobrar" de los militantes de UGT por su mediación en los ERE.
Efectivamente, dichos militantes no han hecho voto de pobreza y, por lo tanto,
mantienen su afán de lucro. Afán de lucro que suelen asimilar con la explotación
cuando quienes lo ejercen son los empresarios. Sin ir más lejos, el antecesor de
Fernández Sevilla –Manuel Pastrana–, tras su elección para un cuarto mandato
al frente de UGT-A en 2009, culpó del paro andaluz al "neoliberalismo codicioso".
Unos meses más tarde organizó una cena con barra libre para 150 personas en
la Feria de Abril de Sevilla y cargó los 12.716 euros que costó a una subvención
de la Junta de Andalucía para sufragar sus gastos de negociación colectiva.

Pero el problema no es sólo que los sindicatos de clase acumulen evidencias de
malversación de fondos públicos o que sus justificaciones sean peregrinas. Es
que, además, han abandonado los ideales que inspiran su razón de ser: la
solidaridad entre trabajadores y la defensa del empleo. Sirva como ejemplo lo
ocurrido en Collado Villalba (Madrid) en 2011-2012.

En mayo de 2011 la candidatura de Agustín Juárez (PP) consiguió desbancar del
poder a José Pablo González (PSOE), alcalde desde 1999 y hoy imputado por
cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. El PSOE gobernó
ininterrumpidamente el municipio desde la llegada de la democracia hasta 2011,
salvo en 1995-1999. Evidentemente, las cuentas municipales estaban tiritando.
Juárez se encontró con una deuda heredada de 111 millones de euros ¡para un
municipio de 62.000 habitantes!

Por ello, se vio obligado a presentar un ERE. Pero, antes de hacerlo, Juárez
ofreció a UGT y a CCOO acordar sus términos. La alternativa fue: o despidos o
una reducción del 5% del sueldo de los 481 empleados municipales, incluyendo
concejales y demás responsables políticos.