El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado este lunes una acusación formal contra Nicolás Maduro Guerra, el hijo del dictador venezolano, por su presunta participación en una compleja red de tráfico de cocaína y armas. Según el escrito legal, Maduro Guerra —también conocido como "Nicolasito" o "El Príncipe"— habría conspirado con terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos narcotraficantes para enviar cocaína hacia Estados Unidos.
Entre los actos mencionados, el documento detalla que, en torno al año 2020, Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín (Colombia) con dos representantes de las FARC. Durante la reunión, el hijo del dictador "discutió los acuerdos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia hacia Estados Unidos durante los próximos seis años, hasta aproximadamente 2026".
EEUU también asegura que Maduro Guerra se encargó de discutir con las FARC el pago mediante armas de los cargamentos de cocaína que se enviaban a puertos de Nueva York y Miami con la protección de la Guardia Nacional y otros cuerpos policiales bajo el control del chavismo incluso utilizando aviones con cobertura diplomática.
El escrito describe perfectamente la colaboración entre la dictadura venezolana y el grupo terrorista de las FARC, entre otros grupos de narcotraficantes en una red vinculada a altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, el ministro del Interior Diosdado Cabello y otros líderes políticos y militares.
Según la Fiscalía estadounidense, estas personas habrían utilizado su posición de poder para facilitar el transporte de miles de toneladas de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos, pasando por rutas en el Caribe, Centroamérica y México.
Maduro Guerra es actualmente diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, cargo que asumió en 2021, tras haber ocupado previamente otros puestos creados para él en la Presidencia. Por ahora, las autoridades estadounidenses no han emitido una orden de detención internacional, pero el caso marca un nuevo capítulo en la presión legal sobre la cúpula del gobierno venezolano por supuestos vínculos con el narcotráfico.