La Comisión Europea ha impulsado, por fin, unas normas "sobre la remisión de procesos penales entre Estados miembros". El pequeño problema es que la reforma llega tras un espantoso ridículo que ha permitido ya que los golpistas del 1-O hayan usado el espacio comunitario para escapar a la acción de la Justicia, justo lo contrario del supuesto objetivo inicial perseguido por la UE en distintos ámbitos, incluido el Penal.
La Comisión Europea ha adoptado una propuesta de Reglamento relativo a "la remisión de procesos penales entre Estados miembros". Su argumentación señala que "el aumento de la delincuencia transfronteriza ha dado lugar a un número cada vez mayor de situaciones en las que varios Estados miembros tienen jurisdicción para enjuiciar el mismo delito. Los procesos judiciales paralelos o múltiples pueden ser ineficientes e ineficaces, y también pueden menoscabar los derechos de las personas interesadas, ya que nadie puede ser juzgado ni condenado penalmente dos veces por el mismo delito".
Lo cierto es que los problemas detectados en la persecución judicial en el espacio comunitario han sido superiores. Y los mecanismos de entrega de imputados y reclamados por la Justicia no sólo no han funcionado sino que han demostrado ser un perfecto parapeto para muchos de los fugados, por ejemplo, tras el golpe separatista del 1-O.
Según la UE, la nueva propuesta "contribuirá a evitar la duplicación de procesos y la impunidad cuando se deniegue la entrega en virtud de una orden de detención europea. Además, contribuirá a garantizar que los procesos penales se sustancien en el Estado miembro más idóneo, por ejemplo, en aquel donde se haya cometido la mayor parte de los hechos".
Las nuevas normas fijarán los siguientes aspectos: "Una lista de criterios comunes en materia de remisión de procesos y motivos para denegar tal remisión; un plazo para adoptar una decisión sobre la remisión del proceso; exigencias relativas a los gastos de traducción y a los efectos de la remisión del proceso; obligaciones con respecto a los derechos de los sospechosos y acusados y de las víctimas; y el uso de canales digitales transfronterizos para la comunicación entre autoridades competentes".
"Con el fin de mejorar la eficacia del procedimiento de remisión, el reglamento propuesto también prevé la jurisdicción en asuntos concretos. Se prevé que así disminuya la fragmentación, se consiga mayor seguridad jurídica y, en última instancia, aumente el número de procesos penales remitidos correctamente", explica Bruselas.
La reforma propuesta tendrá ahora que ser debatida y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de su entrada en vigor. "Actualmente, los Estados miembros de la UE proceden a remisiones de los procesos penales recurriendo a diversos instrumentos jurídicos, en vez de aplicar un marco jurídico uniforme en toda la UE", admite la Unión. "Por ejemplo, el Convenio Europeo sobre Transmisión de Procedimientos en Materia Penal, de 15 de mayo de 1972, sólo ha sido ratificado y aplicado por trece Estados miembros. La mayoría de los Estados miembros se basa en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959 (artículo 21), que no regula suficientemente el proceso de remisión, el cual se basa en las legislaciones nacionales". De hecho, ya en 1990, "los Estados miembros firmaron un acuerdo sobre la remisión de procesos en materia penal que no ha entrado en vigor", apunta Bruselas.
"Puesto que la propuesta se refiere a procesos transfronterizos, en los que se requieren normas uniformes, la Comisión ha presentado una propuesta de Reglamento, directamente aplicable en todos los Estados miembros y vinculante en todos sus elementos", explica la UE. Por lo tanto, se pretende garantizar "una aplicación uniforme de las normas en toda la Unión Europea y su entrada en vigor al mismo tiempo. También garantizará la seguridad jurídica, evitando interpretaciones divergentes en los Estados miembros, impidiendo así la fragmentación jurídica. La propuesta de la Comisión contribuirá a una administración eficaz y adecuada de la justicia penal en los Estados miembros", afirma Bruselas.