El informe técnico de la OEA elaborado por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA sobre la elección presidencial de Venezuela para el Secretario General Luis Almagro acaba de evidenciar lo obvio: que el resultado electoral publicitado por Maduro es un farsa y que esconce un autogolpe para aferrarse al poder. "El régimen de Nicolás Maduro nuevamente ha traicionado al pueblo venezolano, declarando respetar la voluntad popular al tiempo que hace todo lo posible por manipular y desconocer esa voluntad", concluye.
Las expresiones del informe son tan contundentes como el robo electoral de Nicolás Maduro: "Este informe contiene un relato de ilegalidades, vicios y malas prácticas que se presentaron durante este proceso electoral en particular, pero que son reiterados en procesos eleccionarios recientes en Venezuela. La evidencia denota un intento del régimen por desconocer la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por millones de venezolanas y venezolanos. Lo sucedido demuestra, una vez más, que el CNE, sus autoridades y el sistema electoral venezolano está parcializado y se encuentra al servicio del Poder Ejecutivo Nacional, y no de la ciudadanía", señalan las conclusiones del informe. "El régimen de Nicolás Maduro nuevamente ha traicionado al pueblo venezolano, declarando respetar la voluntad popular al tiempo que hace todo lo posible por manipular y desconocer esa voluntad", añade el texto.
"El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) considera que, en las circunstancias actuales, no pueden reconocerse los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclaman ganador a Nicolás Maduro en la elección presidencial del domingo 28 de julio en la República Bolivariana de Venezuela", aclara el informe. "Más de seis horas después del cierre de la votación, el CNE realizó un único anuncio en conferencia de prensa, indicando que había procesado el 80% de las mesas de votación y declarando ganador al candidato oficialista, sin otorgar el detalle de las mesas procesadas, sin publicar las actas y brindando únicamente los porcentajes agregados de votación que habrían recibido las principales fuerzas políticas. El CNE falsamente calificó estos datos como "irreversibles", señala el citado informe.
"Las cifras publicadas en el canal oficial revelaron, además, errores aritméticos. Los eventos de la noche de la elección confirman una estrategia coordinada, que se ha venido desplegando durante los últimos meses, para vulnerar la integridad del proceso electoral", explica el departamento técnico de la OEA. "La suma de diversos elementos imposibilita otorgarle reconocimiento democrático a las cifras oficiales", subraya el informe, que pasa a enumerar las ilegalidades sufridas: "La opacidad del CNE y su resistencia a la observación nacional e internacional; la extrema inequidad en la contienda, la intimidación y la persecución política; la supresión de candidaturas; los ataques a la prensa y al derecho a la información; la demora en la apertura de centros de votación y en la divulgación de los resultados; la renuencia a permitir el ingreso de testigos de las fuerzas de la oposición a las mesas y centros de votación o entregarles la copia del acta de escrutinio; la suspensión en la transmisión de resultados desde distintos centros de votación; la interrupción del servicio de la página del CNE desde la noche del domingo; el anuncio de un supuesto hackeo al sistema de transmisión sin aportar prueba alguna; y, sobre todo, la contradicción entre los porcentajes anunciados y los ejercicios de verificación ciudadana que se hicieron públicos al concluir el escrutinio, que además coincidían con los muestreos y encuestas de boca de urna que aplicaron metodologías técnicas".
Desde antes de la jornada electoral, destaca el informe, la elección presidencial se había caracterizado por una "sucesión de obstrucciones arbitrarias al ejercicio del sufragio activo y pasivo, en la forma de artilugios ilegales, intimidación, violencia, detenciones, expulsiones, inhabilitaciones, trabas burocráticas, uso electoral del aparato estatal y otro arsenal de obstáculos a la manifestación libre de la voluntad popular". Y sentencia que "estas acciones buscaron inclinar la balanza a favor del oficialismo, desalentar y amedrentar a la oposición, engañar y confundir al electorado y, en general, burlar la normativa electoral y los acuerdos alcanzados en un amplio proceso de negociación con acompañamiento internacional". "Desafortunadamente, los esfuerzos del oficialismo por controlar el proceso electoral no cesaron el 28 de julio, sino que más bien se intensificaron al cierre de la votación", añade.