L. D. / EP.-
De este modo, los Quince han aprobado la propuesta de la Comisión Europea para beneficiar a los consumidores de la plena entrada en vigor del euro, aunque aplazándola seis meses. A partir de 2004 el Ejecutivo deberá realizarse una revisión a la aplicación de este Reglamento. Algunas delegaciones encabezadas por Alemania deseaban dar al sector bancario una última posibilidad de alcanzar voluntariamente los objetivos de equiparar el precio de las comisiones por operaciones electrónicas de pago (compra con tarjetas y retirada de efectivo) y transferencias nacionales con las que se realizan en otros países de la Unión Europea. Holanda, Portugal, Dinamarca y Reino Unido simpatizaban con esta idea.
Sin embargo, y con el respaldo de España, Bélgica, Grecia, Italia, Austria e Italia se aprobó con mayoría cualificada (Austria votó en contra porque quería un plazo mayor) la entrada en vigor del Reglamento. En concreto, se establece que para el 1 de julio de 2002 deberán equipararse con el precio doméstico las operaciones transfronterizas con modos de pagos electrónicos de un importe máximo de 12.500 euros y el 1 de julio de 2003 las transferencias fuera de nuestras fronteras. A partir de 2006 el importe de 12.500 euros pasará a ser de 50.000 euros.
El secretario de Estado para Asuntos Europeos, Ramón de Miguel, encargado de la negociación de este dossier en Bruselas, celebró este acuerdo y consideró que la banca española está preparada para enfrentarse perfectamente a este desafío.
Sin embargo, y con el respaldo de España, Bélgica, Grecia, Italia, Austria e Italia se aprobó con mayoría cualificada (Austria votó en contra porque quería un plazo mayor) la entrada en vigor del Reglamento. En concreto, se establece que para el 1 de julio de 2002 deberán equipararse con el precio doméstico las operaciones transfronterizas con modos de pagos electrónicos de un importe máximo de 12.500 euros y el 1 de julio de 2003 las transferencias fuera de nuestras fronteras. A partir de 2006 el importe de 12.500 euros pasará a ser de 50.000 euros.
El secretario de Estado para Asuntos Europeos, Ramón de Miguel, encargado de la negociación de este dossier en Bruselas, celebró este acuerdo y consideró que la banca española está preparada para enfrentarse perfectamente a este desafío.