Unos sindicatos que ya no son tal cosa han vuelto a fracasar en su celebración del 1 de mayo, que se ha convertido desde hace años en una farsa ridícula en la que todo el mundo cumple un papel que nadie cree y, desde luego, no se piensa ni por un segundo en los trabajadores.
El problema viene de lejos: las dos grandes centrales sindicales de España llevan décadas cimentando su poder no en ser útiles para la sociedad en general o los trabajadores en particular, sino en servir a la izquierda política, ante la que se han arrastrado de la forma más indigna que imaginarse pueda y de la que se han convertido en una especie de brazo armado, infiltrado en las empresas y en las negociaciones con las patronales.
A cambio, eso sí, los partidos de la izquierda –y en ocasiones los de la derecha, todo hay que decirlo– los han regado con cantidades ingentes de dinero que hacen que sigan siendo pingües negocios para algunos, enormes agencias de colocación de amiguetes para otros y fantásticas máquinas para obtener dinero público para casi todos, pese a que cada vez tienen menos afiliados. De hecho, todo el mundo sabe que en los últimos años los niveles de afiliación son patéticos, pese a la opacidad en las cifras.
Del mismo modo que todo el mundo sabe ya, incluidos ellos mismos, que los grandes sindicatos españoles son una gran mentira, así que no es de extrañar que sus demostraciones callejeras se queden en una farsa cada vez más ridícula en la que cada año hay menos gente y a las que ya no acuden ni los propios liberados sindicales, lo que tampoco debe que sorprender a nadie: hay que tener mucho estómago –o mucho miedo de perder el chollo– para ir a unas manifestaciones que sólo sirven para hacerle el caldo gordo a políticos tan mediocres como Yolanda Díaz o hundidos hasta el cuello en la corrupción como Pedro Sánchez.
Y es que en esta España completamente falta de ética y de escrúpulos los sindicatos juegan con ventaja: pocas instituciones en nuestro país han tenido un comportamiento tan inmoral y se han visto en tantas ocasiones sumidas en redes de corrupción, desde los multimillonarios casos en Andalucía hasta proyectos como la PSV, aquella cooperativa de viviendas que sólo sirvió para estafar a trabajadores atraídos por el buen nombre que entonces tenía UGT.
Es posible que un sindicato sea una institución útil, que ayude a los trabajadore y a sus afiliados y que sirva, en determinadas ocasiones, de interlocutor a las empresas o las administraciones, pero esto no puede ocurrir jamás si se trata de prolongaciones de los partidos pagadas con el dinero de todos. Y este puede parecer un asunto accesorio, pero en realidad es muy importante tanto para la economía como para la democracia: hay que desmontar estas mafias sindicales acostumbradas a vivir del contribuyente y a servir a su amo político. Lo bueno es que, al contrario de otros muchos problemas que arrastra España, solucionar este es algo relativamente sencillo: bastaría con cortar el inmenso caudal de dinero público que se reparten y devolverles la posibilidad de financiarse como siempre deberían haberse financiado, que es con las cuotas de sus afiliados. Así, además de ahorrarnos un dineral, tendrían más claras cuáles deben ser sus prioridades.