El BBVA ha mandado una nueva comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Un suplemento al folleto de su OPA en la que se abre a retirar la operación hostil sobre el Banco Sabadell y en la que apunta directamente al riesgo político en España.
Resulta cada vez más dañino para la imagen exterior de nuestro país encontrar al Gobierno inmiscuyéndose en asuntos en los que ni siquiera debería pronunciarse públicamente. La compra de una entidad privada, propiedad de sus accionistas, por parte de otra, debería ser decisión única de sus legítimos propietarios, compitiendo en libertad por obtener el mejor precio, siempre que las normas de mercado y competencias sean respetadas, como era el caso.
Sin embargo, el Gobierno ha emponzoñado la operación desde el primer momento, en mayo de 2024, presionado por los socios de investidura que mantienen a Sánchez en el poder y que se han opuesto frontalmente a esta operación. Resulta inolvidable cómo el ministro de Economía Carlos Cuerpo se oponía ferozmente a la operación en el momento en que la comunicó el BBVA, y pese a que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de Justicia, se felicitara por la OPA sobre el Banco Sabadell. Desde entonces, la operación se ha prolongado todo lo posible, entre la CNMC y el Ministerio de Economía, refractario a la toma de cualquier decisión. Llegó incluso a poner en marcha una consulta pública sobre la operación de cuyos resultados tenemos apenas conocimiento, más allá de que votaron menos de 350.000 personas de las que el 89% tuvieron que ser eliminadas por inválidas ya que en aquella consulta votaron desde Superman a Milton Friedman, pasando por el pato Donald.
Con o sin los votos del ratón Mickey o Spiderman, el Gobierno empleó el exiguo dato de la consulta para invocar el artículo 10 de la Ley de Defensa de la Competencia para proteger el interés general y así autorizar la operación con unas condiciones leoninas para el BBVA, entre las que destacaba la prohibición expresa de integrar ambas compañías en un plazo de 3 años prorrogables a 5.
En esta situación, con el paso del tiempo –un año y tres meses desde que se anunció la operación– el BBVA ha tratado de amoldarse a todas las vicisitudes que ha tenido que soportar mientras que Sabadell era capaz de hacer valer el argumento que empleó desde el primer momento para rechazar la operación y es que valía más de lo que ofrecía el BBVA. Con la venta de TSB y la aprobación de su dividendo millonario –2.500 millones–, los accionistas del Sabadell tienen pocos alicientes para una oferta que pese a haber crecido notablemente desde su presentación, se queda lejos de las expectativas que hoy tienen los propietarios del Sabadell.
Finalmente BBVA ha tenido que reexaminar por enésima vez los riesgos de la operación y constatar que se exponen a mucho más que el escarnio reputacional que supondría no ganar la OPA por no conseguir un apoyo mayoritario de los accionistas del Sabadell, sino que además, nadie le puede garantizar, y aquí está lo esencial, que si tiene éxito ningún gobierno vaya a terminar denegando la fusión pasados los tres años de purgatorio al que le obliga el actual Ejecutivo.
Tal y como rezaba en junio el último FDI Confidence Index de Kearney, presentado en Madrid junto al Instituto de Estudios Económicos, España ha salido del top 10 de países más atractivos para invertir y lo hace por la mala protección de los derechos de propiedad, la elevada fiscalidad y el exceso regulatorio. En conversación con Libre Mercado, hace ya algún tiempo el empresario Juan María Nin, recordaba que España se había situado como el país de la OCDE con mayor inseguridad jurídica, a merced del incumplimiento de la normativa internacional impagando sistemáticamente los laudos que pierde por las subvenciones a las energías renovables o por inmiscuirse en la actividad de las empresas privadas, como el caso de telefónica o el manoseo de la OPA sobre el Sabadell que podría llegar a costarle una sanción en Europa.
El presidente del Gobierno sigue presumiendo de que somos la envidia del mundo, sin embargo, cada vez es más evidente, dentro y fuera de España, que tenemos más en común con las autocracias bananeras que a las democracias nórdicas.