La inversión extranjera en España se tambalea y las operaciones en energía limpia sufren una parálisis sin precedentes. El desplome del 65% en la inversión neta durante el primer trimestre de 2025 y la caída del 60% en las transacciones de activos renovables revelan una doble crisis: por un lado, el deterioro del clima de confianza hacia nuestro país y, por otro, el pinchazo de un modelo energético que, tras años de promesas, acumula impagos y frustraciones. Ambos fenómenos confluyen en un mismo diagnóstico: España ha dejado de ser atractiva para los inversores.
Hasta hace poco, el sector renovable era uno de los grandes motores del mercado español de fusiones y adquisiciones. En 2021 y 2022 ocupó el tercer lugar en volumen de operaciones, solo por detrás del inmobiliario y la tecnología. Pero la fiesta terminó, precisamente cuando España empezó a impagar los laudos que benefician a las empresas que sufrieron el recorte retroactivo de las primas renovables.
Según TTR Data, las compraventas se han desplomado un 68% en número y un 62% en valor desde 2023. En los seis primeros meses de 2025, solo se han registrado 76 operaciones verdes, por un valor conjunto de 4.529 millones de euros. Es decir, un hundimiento de más del 70% en dos años.
La "muerte de las megaoperaciones", como ya se ha bautizado en el sector, ha dado paso a una venta a la baja: carteras troceadas, activos más pequeños y una estrategia de "cherry picking" que busca salvar lo poco que aún resulta rentable. El miedo al curtailment (los cortes de producción ordenados por Red Eléctrica para evitar excesos de generación) y la falta de estabilidad en los precios horarios han erosionado la rentabilidad esperada de las plantas solares. A ello se suma la dificultad para cerrar contratos PPA de largo plazo, lo que agrava la incertidumbre.
El telón de fondo: los impagos del Estado
La crisis no es solo coyuntural. Tiene raíces estructurales, y una de las más profundas es el escándalo de los laudos internacionales por los recortes retroactivos a las renovables. España ha sido condenada en más de 50 ocasiones por tribunales arbitrales por modificar unilateralmente el marco retributivo de las energías limpias. Y lo más preocupante no es solo el número de sentencias, sino la negativa sistemática del Estado a cumplirlas.
El país figura hoy como el principal moroso del sistema internacional de arbitraje en materia energética. Inversores de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos o Japón han visto cómo sus proyectos eran modificados a posteriori, y tras años de litigio han obtenido la razón… pero no la compensación. La negativa del Gobierno a abonar los laudos ha encendido todas las alarmas en el mercado internacional y ha dañado de forma irreversible la reputación jurídica de España como destino de inversión.
El daño ya está hecho
Esta falta de seguridad jurídica tiene consecuencias. Según datos del Ministerio de Economía, la inversión extranjera neta —sin contar desinversiones— cayó un 65% en el primer trimestre de 2025, hasta los 2.043 millones de euros. Es el peor dato desde 2021, cuando el mundo salía de la pandemia. Países tradicionalmente inversores como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o México han recortado drásticamente su exposición. La inversión procedente de EEUU, donde se están produciendo la mayoría de las condenas de las renovables, cayó un 54%.
Igualmente, la de Alemania bajó un 60% y la del Reino Unido, un 66%.
Pero más allá del dato puntual, lo que preocupa es la tendencia: España lleva más de un año con cifras negativas. En todo 2024, la inversión extranjera neta cayó un 5%, y la desinversión se ha convertido en la norma. Sectores clave como el suministro eléctrico o las actividades inmobiliarias sufrieron retrocesos del 82% y del 38%, respectivamente. El único crecimiento significativo se dio en tecnologías ajenas al marco regulatorio nacional, como los servicios de información.
Un mensaje claro para el gobierno
Expertos consultados por este medio apuntan a un cóctel letal: intervencionismo creciente, presión fiscal al alza, inestabilidad normativa… y un historial de impagos a las renovables que espanta al capital. Todo ello se traduce en un enfriamiento progresivo del mercado, agravado por el Gran Apagón del pasado 28 de abril.
Mientras no se garantice que el marco legal será respetado —y que las reglas del juego no cambiarán con efectos retroactivos—, el sector seguirá languideciendo. La política energética no puede construirse sobre promesas rotas y, en el caso de España, los 26 laudos pendientes de pago han supuesto un golpe de más de 1.800 millones de euros que las empresas e inversores del sector no están dispuestos a ignorar.