Después de que se pronunciase la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que llevó la operación a fase 2, e impuso sus propias condiciones, el Gobierno convocó una consulta pública, de la que sólo sabemos que de 348.600 respuestas sólo 66.000 fueron válidas (un 19% del total). Y de ese 19%, sólo un 12% veía necesidad de rechazar o poner condiciones adicionales a la operación (apenas 7.000 votos).
Sin embargo el Gobierno decidió poner esas condiciones adicionales. Unas condiciones que disparaban el riesgo de la operación para BBVA, impidiendo la fusión entre ambas compañías al menos durante tres años, y con posibilidad de prorrogarlo a cinco. Esto hizo tambalear la operación, alertó a Bruselas, que abrió un expediente, y provocó que BBVA llevase el asunto a los tribunales (que aun no se han pronunciado).
Y es que parece que ha pesado más en el Gobierno que sus socios de investidura separatistas se opusieran firmemente a la operación, que permitir que dos entidades privadas y sus legítimos propietarios tomaran la decisión sobre su futuro, toda vez que los reguladores no veían problemas de competencia.
Ahora ha sido el último regulador que faltaba por decidir sobre la operación: el regulador del mercado de valores. Este viernes la CNMV ha dado luz verde a la OPA según ha informado mediante un comunicado.
El supervisor entiende ajustados los términos de la oferta a las normas vigentes y considera suficiente el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA.
La CNMV recuerda que la contraprestación de la OPA es de tipo "mixto" y consiste en una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco de Sabadell.