La semana pasada, el Gobierno oficializó su plan para traspasar al Estado (es decir, a todos los ciudadanos) un total de 83.252 millones de deuda de las CCAA (casi el 20%).
El Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros una de las principales condiciones de los independentistas catalanes para seguir apoyando a Pedro Sánchez. Fue en el año 2023 cuando PSOE y ERC pactaron este regalo a Cataluña a cambio de la investidura del líder de los socialistas.
Eso sí, como sería demasiado escandaloso aplicar esta concesión exclusivamente a Cataluña, el Gobierno se ha visto obligado a cargar al Estado parte de la deuda del resto de CCAA.
Los efectos negativos de esta mutualización de la deuda autonómica son muchos, aunque el más evidente es que supone un premio a las regiones más manirrotas de España frente a las que han sido más responsables con sus presupuestos.
Cataluña, la más dependiente del Estado
De hecho, como ya venimos publicando, Cataluña es la región que más deuda tiene con el famoso Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en términos absolutos. Este instrumento fue creado por Cristóbal Montoro en el año 2012 para facilitar el endeudamiento de las autonomías que eran incapaces de financiarse por su cuenta en los mercados.
Desde entonces, Cataluña ha sido la región española que más ha acudido a este fondo estatal. Hasta ahora, la región que preside Salvador Illa tiene una deuda total de 89.700 millones de euros, según los últimos datos de cierre de marzo de 2025 y que publica el Banco de España.
De esa cifra, 78.513 millones corresponden al FLA, es decir, al paraguas del Estado. Como se observa en el cuadro, a Cataluña le siguen Valencia (53.182 millones) y Andalucía (23.795 millones).
Más del doble de deuda de lo que marca la ley
Además del FLA, en el año 2012, Montoro impulsó Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que exigía al Estado, CCAA y Ayuntamientos limitar los niveles de deuda y déficit. Sin embargo, la puesta en marcha de esta normativa ha resultado un completo fiasco debido a que buena parte de estos organismos se han venido saltando las reglas sistemáticamente.
En el caso de los límites de deuda, la LOEPSF contempló un amplio período de transición hasta el año 2020 para que las autonomías situaran su nivel de deuda por debajo del 13% de su PIB. Aunque durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 estuvieron suspendidas las reglas fiscales debido al covid, ni antes ni después ha habido un claro cambio de intenciones.
Como se observa en el siguiente cuadro del Banco de España, con los últimos datos disponibles, solo Canarias (11%), la Comunidad de Madrid (12,6%), País Vasco (11,5%) y Navarra (10,4%) cumplen con este compromiso. Cabe recordar que las tres últimas no tienen ninguna deuda con el FLA.
En el lado contrario, se sitúan la Comunidad Valenciana (40,3%), Murcia (30,7%) y Cataluña (29,6%), las regiones con los mayores endeudamientos (más del doble de lo que marca la ley). Aunque organismos como Fedea han calculado la infrafinanciación de las dos primeras, no ocurre lo mismo con Cataluña, cuyos habitantes estarían recibiendo del Estado una financiación ligeramente por encima de la media española, al contrario de lo que asegura el argumentario independentista.
Por tanto, vemos como la región de Salvador Illa, junto con la mayoría de CCAA, llevan más de una década saltándose la Ley de Estabilidad sin apenas consecuencias (aunque podían enfrentarse a la intervención de sus cuentas, apenas han recibido algunas alertas tempranas por parte de Hacienda).
"Se ha demostrado que esta ley ha quedado en papel mojado y no tiene ningún tipo de credibilidad. Teniendo en cuenta que el Gobierno también se ha venido saltando su propio compromiso de una deuda por debajo del 60% del PIB, no es de extrañar" considera el economista e investigador de Fedea, Diego Martínez López, preguntado por Libre Mercado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no hará evaluaciones de gasto ni antes ni después a cambio de esta quita masiva. Tampoco exigirá ningún tipo de condición o de contención extra de la deuda autonómica a las que se apunten a la mutualización, sino todo lo contrario: las invita a seguir endeudándose abocándolas al abismo presupuestario.