Se cumplen ocho años del famoso 1 de octubre de 2017, el día del referéndum ilegal que daría lugar a la declaración de independencia de Cataluña tan sólo nueve días después en medio de una oleada de protestas y violencia en las calles que incendió la región durante días. Durante estos años, y con mayor intensidad desde la llegada de Sánchez al poder, el Gobierno de España ha cedido progresivamente poder y fondos a la Generalidad de Cataluña. En concreto, en junio de 2021, el Consejo de Ministros concedió indultos a los nueve condenados por el juicio del procés.
Asimismo, en este tiempo se ha puesto en marcha la llamada "mesa bilateral", acordada como instrumento de negociación entre Gobierno y Generalidad para abordar el "conflicto político". Del mismo modo, en junio de 2024 entró en vigor la ley de amnistía, aprobada para los hechos vinculados al procés. Por otra parte, entre 2023 y 2025 el Gobierno ha llegado a distintos acuerdos con los separatistas, como la falsa condonación de la deuda de las CCAA, que en el caso de Cataluña supera los 17.000 millones de euros.
Además, se ha pactado también el traspaso de la gestión integral de Rodalies, con acuerdos bilaterales para materializarlo. Además, en la Comisión Bilateral se han acordado medidas como la gestión de becas desde la Generalidad, el aumento de plantilla de Mossos, la creación de plazas judiciales en Cataluña y un consorcio para acelerar inversiones. De esta manera, el Gobierno también ha acordado impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica, con anuncios sobre la intención de que Cataluña pueda recaudar todos los impuestos.
Así las cosas, Cataluña se ha convertido en la región con los impuestos más altos de España y el mayor número de gravámenes. Es, además, la comunidad con la mayor deuda pública. En este contexto, Madrid ha dado el sorpasso a Cataluña como la locomotora del país en términos económicos, algo que se ha visto agravado sobre todo por la fuga de empresas, que supera ya las 9.500 compañías, de las que sólo han regresado 739, un 8%. Además, se ha deteriorado significativamente la calidad de los servicios públicos.