Hacienda aumenta el control a las empresas de nuestro país. El próximo 1 de enero de 2026, Verifactu, el nuevo sistema creado por la Agencia Tributaria (AEAT) con el objetivo de controlar todas las facturas de forma exhaustiva será obligatorio para buena parte de las compañías que presentan Impuesto de Sociedades.
Eso sí, las grandes empresas que ya usan el Suministro Inmediato de Información (SII) en su facturación no tendrán que usar Verifactu. Ya el próximo 1 de julio será obligatorio para el resto de empresas y autónomos.
A pesar de que se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros, una parte importante de los afectados desconocen la nueva carga administrativa, económica y fiscalizadora que se les aproxima (y de la que no van a tener escapatoria).
Según una encuesta de la compañía especializada en programas de gestión y contabilidad AIG, solo un 30,4% de las pymes y de los autónomos consultados afirma conocer en profundidad en qué consiste Verifactu, mientras que el 38,2% es consciente de su existencia, pero no lo conoce en detalle y el 31% restante ignora completamente su existencia. "La preparación de pymes y autónomos españoles ante el desembarco de este nuevo sistema resulta también alarmante", aseguran. Además, según su encuesta, "solo un 7,8% afirma haber realizado ya pruebas o simulaciones".
"Va a ser un guirigay"
"Muchos autónomos van a tener muchos problemas en julio, cuando entre en vigor la norma. Va a ser un guirigay para ellos" vaticina el CEO de AIG, Edelmiro González, en una entrevista con Libre Mercado.
Con la puesta en marcha de Verifactu, todas las operaciones que se hagan en comercios, bares y todo tipo de negocios se notificarán a Hacienda en tiempo real a partir del ticket de compra.
Como ya publicamos en Libre Mercado, este cerco sin precedentes a la actividad empresarial nacional comenzó en el País Vasco en el año 2022, con el llamado Ticketbai, y no tardaría en extenderse por toda España.
Ciudadanos chivatos vía QR
Al igual que ocurriera en el País Vasco, el principal cambio de este peculiar "gran hermano tributario" es que todas las facturas van a llevar integrado un código QR para que el ciudadano particular pueda comprobar si su refresco o la camiseta que acaba de comprar ha sido declarada a Hacienda o si, por ejemplo, el código QR es falso. Además, también les permitirá ejercer de chivatos, porque con solo usar su teléfono móvil, el consumidor de a pie podrá denunciar ante el fisco si la empresa en cuestión no ha hecho los deberes tributarios con la Administración.
González explica que "todos los tickets pasarán ahora a ser facturas. Para no tener problemas legales, porque no te pueden obligar a tener internet, la Agencia Tributaria ha establecido un Verifactu verificable, el que traslada todo en tiempo real, y el no verificable, que guarda todos los datos por si Hacienda te los pide, pero no los traslada a la AEAT. Eso sí, la mayoría de empresarios van a elegir el verificable porque Hacienda ya ha deslizado que el que elija el otro tendrá más requerimientos, y nadie quiere eso".
"En una inspección de Hacienda eres tan pequeñito y tan poco poderoso frente a un inspector que tiene una presunción de veracidad sobre ti y tiene a sus amigos en el Tribunal Económico Administrativo, que es un desequilibrio tremendo" protesta González.
El experto explica que "la información que traslada el Verifactu a Hacienda son las cuantías de las operaciones, la fecha y la hora", no si has tomado en un restaurante carne, pescado o un refresco. Sin embargo, "si en lugar de ticket pides factura, porque te la vayas a desgravar, también conocerá quien es el comprador". Así, estamos ante un nuevo cerco a los autónomos y pymes, que son los que más se desgravan.
"Está claro que va a disminuir el fraude, y eso está bien, porque es competencia desleal que unos paguen impuestos y otros no, pero eso sí, no creo que sea bueno que el Estado tenga tanto poder de control sobre los ciudadanos" concluye González. El Verifactu se puede ejecutar desde una herramienta gratuita de la AEAT, "que no te ayuda a ordenar las facturas ni a gestionarlas", señala, o desde soportes de empresas privadas como la suya. En el caso de AIG, "el coste aplicarlo es de unos 170 euros por empresa al año, independientemente de cuantos ordenadores lo usen o del número de facturas que hagan" apunta.