España se ha consolidado como uno de los países con peor historial en el cumplimiento de laudos arbitrales internacionales. Según el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales de 2025, elaborado un año más por el experto internacional Nikos Lavranos, nuestro país figura junto a Venezuela en lo más alto del ranking global de economías con más sentencias firmes pendientes de pago.
En total, el estudio encuentra que España acumula 22 laudos sin resarcir, por un importe cercano a 1.600 millones de dólares, derivados en su mayoría de litigios por los recortes a las energías renovables aprobados entre 2010 y 2013. La cifra podría elevarse a 26 casos si se confirman otros cuatro procedimientos en los que el fallo inicial ya ha sido desfavorable para el Estado.
A esta deuda se suman intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes legales, que elevan el importe total en 450 millones de dólares adicionales (más de 385 millones de euros). El volumen acumulado de obligaciones impagadas coloca a España en el foco de los inversores internacionales, que llevan años denunciando la falta de seguridad jurídica en el sector energético.
A escala global, más de 1.050 arbitrajes inversor-Estado han llegado a su fin en las últimas décadas. La mayoría de estos casos concluye con el cumplimiento del laudo arbitral o con un acuerdo entre las partes, lo que confirma la eficacia del sistema como herramienta para resolver disputas internacionales. Sin embargo, alrededor de un 10 % de los procedimientos desemboca en escenarios de impago o incumplimiento, un porcentaje reducido pero con un fuerte impacto en la credibilidad del arbitraje internacional.
Desconfianza que conduce a desinversión
"Ser un buen pagador no solo es una cuestión jurídica, sino una decisión económica inteligente. La reputación de un país como destino de inversión depende de ello", explica el jurista y académico Nikos Lavranos, autor del informe y ampliamente reconocido como uno de los principales expertos europeos en esta materia.
Su advertencia encaja con la realidad de nuestro país, en la medida en que España representa hoy uno de los casos más visibles de esta problemática. Durante la primera mitad de 2025, la inversión extranjera directa en nuestro país cayó un 60 % respecto al año anterior. Esta caída coincide con la mayor visibilidad internacional de su historial de incumplimientos y con una sucesión de decisiones judiciales adversas en jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica. En este último país, por ejemplo, los tribunales han intervenido más de 200 millones de euros como medida cautelar para resarcir a una empresa afectada por el impago de laudos.
El Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales de 2025 también desmonta algunos mitos habituales sobre este tipo de litigios. Si el informe de 2024 ya había demostrado que la mayor parte de los arbitrajes relacionados con el Tratado de la Carta de la Energía afecta a renovables y no a combustibles fósiles, el estudio de este año revela que la mayoría de los procedimientos han sido iniciados por empresas de menos de 250 empleados. En otras palabras: no son las grandes multinacionales las que lideran estos casos, sino pymes e inversores medianos.
España vuelve a encabezar el ranking mundial de impagos, junto a Venezuela, por tercer año consecutivo. Los 22 laudos finales sin cumplir están directamente vinculados a los recortes retroactivos a las primas de renovables aplicados entre 2010 y 2013. No obstante, el informe subraya un hecho sin precedentes: en julio de 2025, el Gobierno español pagó por primera vez un laudo arbitral internacional —unos 40 millones de dólares a la japonesa JGC. "Ese pago voluntario demuestra que España puede iniciar un cambio de actitud. Cumplir los laudos no solo es una obligación jurídica, sino una señal de fiabilidad institucional", destaca Lavranos.
La publicación también llama la atención sobre la brecha creciente entre la Unión Europea y el resto del mundo en materia de ejecución de laudos. Mientras los tribunales comunitarios bloquean la ejecución de laudos favorables a empresas europeas, amparándose en la doctrina del TJUE (Achmea, Komstroy, Micula), países como EE. UU., Reino Unido, Suiza o Australia reconocen sistemáticamente la validez de estas resoluciones y las tratan como sentencias ejecutables.
En el caso de España, tribunales estadounidenses han registrado ya seis laudos firmes: Cube (40,2 millones), Watkins (79,5), Infrastructure Services/Antin (125,1), RREEF (74), InfraRed (35) y NextEra (290,6), entre otros, sumando más de 644 millones de euros. Por su parte, el Tribunal Supremo de Australia ha reconocido los laudos de Watkins, RREEF, NextEra y 9Ren, por un total de 469 millones. Así pues, estas decisiones prueban que, fuera de la UE, los inversores cuentan con instrumentos jurídicos eficaces para hacer valer sus derechos.
Paradójicamente, el 44 % de las disputas inversor-Estado son promovidas por empresas europeas, que acuden a tribunales internacionales precisamente para proteger la seguridad jurídica que Bruselas reclama para sus inversiones en terceros países. Esta asimetría socava la credibilidad del discurso europeo sobre el Estado de Derecho y la estabilidad regulatoria.