La inflación no da tregua al bolsillo de los españoles. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC interanual cerró septiembre con una escalada del 3%, tres décimas más respecto del mes anterior.
Suben el café, los huevos, la carne de ternera, el chocolate, los seguros de salud… Pero si hay algo que incrementa de sobremanera su precio e impacta de forma transversal en las finanzas de todos los ciudadanos, son la recogida de basura (+30,3%), el transporte combinado de pasajeros (+26,7%) y la electricidad (+16,8%). Esto es algo que me llama poderosamente la atención, sobre todo teniendo en cuenta que estas vertiginosas subidas se deben principalmente a las decisiones políticas que han tomado el conjunto de administraciones públicas.
El tasazo de la basura: ¿más recaudación, mismo servicio?
La nueva Tasa de Gestión de Residuos (TGR), conocida popularmente como el basurazo, ya se está dejando notar en nuestras cuentas bancarias. La Ley 7/2022 imponía a todos los ayuntamientos la obligación de contar con una tasa específica de basuras para sufragar la recogida y el tratamiento de los residuos, cuestión que se está aplicando principalmente a lo largo de estos últimos meses.
Es pertinente precisar que esta obligación proviene de una decisión política del gobierno de Pedro Sánchez, ya que la Unión Europea daba a los estados varias opciones y eligieron motu proprio esta medida como una forma de azuzar el avispero de la confrontación política. Sin embargo, ¿qué harán con esos ingresos extra los consistorios?
Ilustrémoslo con el ejemplo de Madrid. En la capital, no había un tributo específico, sino que sus costes salían de impuestos ordinarios como el IBI o el IAE. De acuerdo con sus estimaciones, el Ayuntamiento espera recaudar cerca de 300 millones al año con la tasa aprobada. A este importe habría que restar unos 45 millones procedentes de otra figura tributaria que se suprime y unos 30 millones de la bajada prevista del IBI, por lo que el consistorio madrileño contará con unos 225 millones adicionales cada año.
Teniendo en cuenta que Madrid prevé recaudar unos 6600 millones en 2026, el basurazo supondrá que disponga de un 3,35% más de ingresos. No queda claro qué va a hacer Almeida con ese dinero, pues podría bajar los impuestos en una cantidad similar —difícil, pues el tipo marginal del IBI ya está casi al mínimo y habría que tocar el valor catastral de los bienes inmuebles, para lo cual necesita la colaboración del gobierno central—, o destinarlos a ofrecer un mejor servicio. Ahora mismo, se gastan unos 300 millones en lo que es la recogida y el tratamiento de los residuos (que es justamente lo que cubre la tasa) y unos 400 millones en los servicios de limpieza. Ciertamente, Madrid es una ciudad sucia y no le vendría nada mal mejorar el servicio, pero la falta de concreción de planes específicos a la par que la administración local ya nos está cobrando el mencionado tasazo me incita a pensar que acabaremos pagando más por los mismos servicios.
Y esto que les comento de Madrid es prácticamente igual en todos los ayuntamientos que no tenían esta tasa específica, por lo que si usted reside en uno de ellos prepárese a pagar más por lo mismo.
El transporte: el fin de la fiesta de las subvenciones
La subida tan acusada en lo que es el precio del transporte combinado de pasajeros responde al fin de las ayudas que se concedieron durante la crisis inflacionaria que se generó por el comienzo de la guerra en Ucrania.
Tanto la administración central como las administraciones autonómicas aplicaron diversas bonificaciones al transporte público para intentar paliar el efecto de la subida del coste de la vida en el poder adquisitivo de la ciudadanía. No es que tres años después la situación haya mejorado especialmente, pero el gobierno de Pedro Sánchez se ha cansado de asumir tal dispendio y ha dejado al resto de administraciones solas afrontando dicho desembolso.
Por poner algunos ejemplos, el fin de las subvenciones sufragadas por el Ministerio de Transporte que dirige Óscar Puente ha provocado un incremento de los abonos de un 50% en Madrid, un 35% en Valencia, un 30% en Barcelona y un 20% en Málaga y en Vigo.
Por otro lado, también se ha notado el efecto del fin del "verano joven", la medida con la que el Gobierno subvencionaba billetes de tren y autobús al colectivo de usuarios de entre 18 y 30 años y que nos ha costado la friolera de 120 millones de euros —curioso que sí haya dinero para eso y no para los enfermos de ELA—.
Uno pensaría que, debido a que no se tiene que asumir dicho gasto, se habrán mejorado las prestaciones del servicio a los pasajeros, pero la realidad es que tanto los cercanías como los trenes de larga distancia siguen acumulando incidencias diarias y dispensando un trato deplorable al usuario.
El sistema energético: una pésima planificación que pagamos todos los españoles
En el ámbito energético, buena parte del encarecimiento responde, al igual que en el transporte, al fin de las subvenciones impulsadas por el Gobierno. El IVA de la luz ha pasado del 10% al 21% al acabarse la bonificación aprobada por Pedro Sánchez, a lo que se suman las consecuencias del apagón del 28 de abril, que puso en evidencia la fragilidad de nuestro sistema.
Para evitar que algo así volviese a suceder, Red Eléctrica Española ha ordenado incrementar la producción de energías síncronas tradicionales —especialmente el gas—, lo cual ha encarecido la producción de electricidad. Lo mejor de todo es que estamos desaprovechando un 10% de la capacidad instalada en renovables, con lo que nos hemos dejado un pastizal en subvencionar un tipo de energía que luego no estamos rentabilizando porque se ha hecho de una forma no segura. A la par, desestimamos el 50% de las nuevas solicitudes de conexión a la red por parte de la industria, lo cual supone perder 60.000 millones anuales de inversión.
Para más inri, hemos recompensado a Teresa Ribera —la creadora de este disparate—, con un puesto en la Comisión Europea, demostrando que siempre podemos descender un piso más en el sótano de la indignidad nacional.
En definitiva, la voracidad de un Estado al que cada vez que hay una crisis se le ven las costuras por todas partes es infinita. Pagamos más que nunca y recibimos menos que nunca: calles más sucias, trenes que no llegan, una luz más cara y una burocracia cada vez más lenta. Porque en España, el único recurso verdaderamente inagotable no es la energía, sino el afán recaudatorio de aquellos que nos gobiernan.