Esta pasada semana hemos conocido los planes del Gobierno para aumentar la presión fiscal de los trabajadores autónomos, convertidos desde hace tiempo en una de las principales obsesiones coactivas del Ejecutivo socialcomunista.
A tenor de lo que ha anunciado la ministra de la Seguridad Social, Emma Sáiz, el Gobierno propondrá al parlamento una reforma del sistema de cotizaciones para los próximos tres años, con el resultado de un aumento significativo de las cotizaciones sociales en todos los tramos, sean cuales sean los ingresos de los afectados. Para acotar las dimensiones de la propuesta anunciada por el Ejecutivo, los autónomos que ingresen entre 18.000 y 22.000 euros verán aumentar el importe de su cotización obligatoria a la Seguridad Social en un 28,1%. A partir de ahí, las subidas de las cuotas superan el 30% hasta llegar a los tramos más altos, donde las aportaciones mensuales a la Seguridad Social subirán por encima del 50%.
Sáiz se escuda en que se trata de una reforma pactada en su día con las organizaciones del sector, pero, como se han encargado de explicar los representantes de los autónomos, nunca se otorgó carta blanca al Gobierno para que estableciera unilateralmente las condiciones de una subida que los afectados califican, no sin razón, de auténtico sablazo.
El Gobierno trata de encubrir su odio al emprendedor, consustancial a la izquierda, sugiriendo que existe una bolsa importante de autónomos fraudulentos, lo que justificaría este importante hachazo fiscal. La ministra y sus colegas traen a colación el ejemplo de los países del norte y centro de Europa, donde el trabajo por cuenta propia tiene un peso significativamente menor que en la economía española. Sin embargo, Sáiz y los voceros del PSOE pervierten la relación causal de esta aparente paradoja, porque no es cierto que Alemania o Suecia sean más ricas porque tienen menos trabajadores por cuenta propia, sino que tienen menos autónomos porque son economías más boyantes y productivas. La prueba de esta relación directa entre la marcha de la economía y el número de autónomos existente es el importante crecimiento de este modelo laboral cada vez que atravesamos una recesión.
Las asociaciones de trabajadores por cuenta propia denuncian la traición del Ejecutivo sanchista, puesto que la reforma anterior, impulsada por José Luis Escrivá en su etapa de ministro, establecía un calendario en el que se revisarían la situación real de la economía y los ingresos declarados por los autónomos, a fin de establecer una corrección en caso de que fuera necesario. Lo que ha hecho el Gobierno, en cambio, es anunciar unilateralmente un sablazo fiscal sin contar con los afectados que, por otra parte, no supondrá una mejora significativa en las cuentas públicas. Pero se trata de castigar a los emprendedores e incorporarlos al modelo sociolaboral de la izquierda, basado en una clase trabajadora empobrecida y cada vez más dependiente del subsidio estatal.
Afortunadamente para los autónomos, la oposición expresa del PP y Vox, junto con el rechazo anunciado por algunas formaciones aliadas del sanchismo, permiten confiar en que estamos ante un proyecto que acabará también en el abarrotado baúl de sus fiascos parlamentarios.