El núcleo de las recomendaciones [del último acuerdo del Pacto de Toledo en 2020] se puede resumir en mantener la tasa de reposición más elevada de la Unión Europea (77,4 vs 44,5%) evitando endurecer los parámetros de acceso y cálculo de la prestación y garantizar su poder adquisitivo mediante la actualización anual con el IPC.
Este elevado coste tendrá que ser asumido por las siguientes generaciones, reduciendo su renta disponible a través de más cotizaciones, más impuestos y/o más deuda pública. La decisión, por tanto, tiene consecuencias redistributivas severas a favor de una generación y en contra de las siguientes.
Los párrafos anteriores están tomados directamente del informe "El Pacto de Toledo. Lo que fue y lo que es" que Miguel Ángel García Díaz presentaba esta semana para el Instituto Santalucía y Fedea.
El análisis no puede ser más preciso. También obvio. Suena a crítica, pero en realidad es la plasmación de una evidencia. Me imagino que quienes llegaron a estos acuerdos (todos los grandes partidos españoles que han tenido representación parlamentaria en los últimos 30 años) no tendrán ningún problema en suscribirlo. Es de lo que se enorgullecen. Se han tomado elecciones muy claras: (1) proteger las rentas de los pensionistas, actuales y futuros; (2) cargar el peso del ajuste del gasto sobre las espaldas de los trabajadores, a cambio de la promesa de que ellos también se beneficiarán en el futuro cuando sean receptores de la prestación.
A García Díaz (uno de los expertos que participó, en aquel momento a propuesta de los sindicatos, en la propuesta de la reforma de las pensiones de 2013; la propuesta que nunca llegó a ponerse en marcha en la práctica) se intuye que no le gusta mucho. A mí tampoco. Ni por lo que supone (un desequilibrio generacional evidente) ni, sobre todo, por lo alejado que está este escenario del espíritu que se supone que debería haber presidido el Pacto de Toledo cuando se puso en marcha hace ya tres décadas.
Situémonos: la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo se pone en marcha a mediados de los años 90 en cierta forma para imitar lo que se estaba haciendo en algunos países. Probablemente, el modelo más conocido era Suecia, que tras haber llegado a una situación de semiquiebra del Estado a finales de los 80 y comienzos de los 90 afrontó una serie de reformas muy complejas que devolvieron al país a la senda del crecimiento.
La idea era sencilla: muchas de las reformas que se necesitan a largo plazo, pueden tener un coste político muy elevado a corto plazo. Si un partido intenta aprobarlas, corre el riesgo de que los demás jueguen al discurso facilón y un punto demagógico en su contra. ¿Problema? Si todos piensan lo mismo, ningún Gobierno se atreverá a proponer esas medidas, dolorosas pero necesarias. Por eso, en Suecia, la mayoría de estos cambios se hicieron por consenso, con casi todas las fuerzas políticas sumándose al mismo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las pensiones, hace ya más de 30 años que pusieron en marcha un modelo que es citado habitualmente como uno de los más sostenibles y equilibrados del mundo: con una pata de reparto que sirve para asegurar una prestación mínima a todos, un sistema de cuentas nocionales que equilibra gastos e ingresos en la parte contributiva e incluso un pequeño porcentaje de capitalización-ahorro que incentiva que los trabajadores suecos tengan una parte de su salario generando rentabilidades desde el minuto uno.
Ahora piensen en la trayectoria del Pacto de Toledo y extraigan sus propias conclusiones. ¿Reformas complejas por consenso? Ninguna mentira más evidente. Las dos importantes que ha habido (2011, PSOE; y 2013, PP) se han realizado a regañadientes, con la enorme presión de la prima de riesgo encima y con el ataque despiadado de los partidos de la oposición. ¿Eran necesarias? Por supuesto. De hecho, si acaso deberíamos decir que se quedaron cortas. Pero eso no evitó que se hicieran a regañadientes y sin ningún apoyo del resto: en cada caso, el Gobierno que se vio obligado a aprobarlas (y fue una obligación, lo hicieron porque no les quedaba otro remedio) no tuvo ningún respaldo.
Es una coincidencia muy puñetera que estemos hablando de todo esto precisamente esta semana. Porque hace unos días vimos la voladura definitiva de la legislatura. Con el anuncio de Junts sabemos que nada se hará en los próximos dos años [Nota al margen: ni tan mal; lo mejor que nos puede pasar con este Gobierno es un par de años de parálisis; con matices, porque seguirán teniendo acceso al presupuesto, pero sin capacidad de aprobar nuevas tropelías].
¿Nada? Bueno, algo habrá. Como la revalorización de las pensiones. Le faltó tiempo al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo para anunciar una propuesta para proteger a los pensionistas: una ley que garantice la revalorización de sus prestaciones aunque no haya presupuestos. Estoy convencido de que se aprobará (ésta u otra muy similar) sin ningún debate.
La imagen es muy clara. Parálisis en todo, ninguna reforma, un Congreso bloqueado… salvo para los pensionistas.
Para los trabajadores que pagan tampoco habrá bloqueo, por supuesto. Todos ellos verán cómo su IRPF sigue subiendo en términos reales (porque no se actualizan las tarifas) y también siguen su camino al alza los tres nuevos impuestos (Mecanismo de Equidad Intergeneracional, Cuota de Solidaridad y subida de las bases máximas por encima de la pensión máxima) aprobados en la mal llamada "reforma de las pensiones" de José Luis Escrivá (en realidad, fue sólo una reforma fiscal).
Para que luego digan que la democracia española no funciona. O que los partidos no saben alcanzar consensos. O que el Parlamento se ha convertido en un circo. Cualquiera que piense así, que vaya a la Comisión del Pacto de Toledo. Tendrá todos los pactos y consensos que quiera. ¿Que se unen precisamente para lo contrario de lo que se pretendía en un inicio? Sí, se usan para bloquear medidas difíciles, no para impulsarlas. Pero tampoco nos vamos a poner exigentes, ¿no? Para un lugar en el que están todos de acuerdo…