En la entrevista en El País en la que Pedro Sánchez proclamó la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en plena celebración del juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se pronunció sobre la energía nuclear. Meses después de su insólito ataque a esta tecnología tras el apagón de horas en toda España, el presidente del Gobierno optó por una posición mucho más prudente al ser preguntado por la posibilidad de que España siga a los países que están apostando por prorrogar o levantar nuevos reactores para fortalecer la seguridad de suministro o responder a la incertidumbre geopolítica.
Preguntado sobre si es partidario de una prórroga ahora que las empresas han dado el paso de pedir tres años más para Almaraz, Sánchez dice que "la apuesta de España son las energías renovables" pero puntualiza luego que "en relación con la energía nuclear, el Gobierno de España no tiene una posición en absoluto dogmática, sino pragmática". En abierto contraste con el dogmatismo que él ha exhibido en numerosas ocasiones, dice el presidente que "si las propietarias de las centrales nucleares garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética, y no nos piden a los españoles que paguemos más impuestos para ellos hacer caja, pues estamos dispuestos a estudiar cuál es su alternativa, cuál es su propuesta. Pero tienen que cumplir con esas tres exigencias que, a mi juicio, son de puro sentido común".
La propuesta de las tres propietarias de la central extremeña no incluye la exigencia, como llevaban meses demandando, de una rebaja fiscal. Como reconoció la ministra Sara Aagesen tras recibir su solicitud, se trata de una petición "sin condiciones". La ministra, como Sánchez, no ha dejado ver cuál será la posición del Gobierno sobre la prórroga sino que se escudó en el preceptivo informe que debe elaborar el Consejo de Seguridad Nuclear. Si, como es previsible, es favorable a una prórroga, será el Gobierno quien deba decidir si permite o no a Almaraz seguir operando.
La fecha de 2030 elegida por las eléctricas no es casual: por un lado, se trata de la opción más fácil técnicamente para dar más tiempo al debate nuclear. En su día, aunque sólo se autorizara una operación de siete y ocho años para sus dos reactores, la central de Almaraz presentó la documentación para un total de diez años, como marca la ley. Por otro lado, el actual calendario marca 2030 como fecha de cierre para Cofrentes y uno de los reactores de Ascó, ligando así el futuro de la central extremeña a otras dos centrales clave.
Las declaraciones de Sánchez y Aagesen han despertado ya inquietud en la izquierda y particularmente en Sumar, que en su día firmó el cierre nuclear como una de las condiciones de su pacto de gobierno. El ecologista Juan López de Uralde, ahora en la órbita de Unidas Podemos, señaló que en la entrevista, Sánchez "deja claro que el Gobierno va a dar luz verde a la prórroga nuclear". Este lunes, Uralde se ha referido tanto a estas palabras como a la enmienda pronuclear aprobada en el Senado y que tendrá ahora que votarse en el Congreso y ha pedido junto a Pablo Fernández, en rueda de prensa, que se frene su tramitación.
Mientras, el viernes, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, urgió a su propio Ejecutivo a "no ceder a las presiones" para alargar la vida de las centrales nucleares y a mantener el calendario de cierre tal como tienen firmado el PSOE y Sumar. "El calendario de cierre de las nucleares no se toca", dijo en un acto en Barcelona, reclamando a sus compañeros que se muestren "firmes ante las pretensiones del oligopolio energético y mantener el calendario de cierre de todas las nucleares tal y como está previsto".