ERC ha cambiado su proposición de ley en el Congreso para este periodo de sesiones. El grupo que dirige Gabriel Rufián solo puede presentar una proposición por periodo al disponer tan solo de siete diputados. La primera propuesta implicaba el cambio de tres leyes para facilitar y poner en marcha la denominada financiación singular y fue anunciada por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el pasado 8 de septiembre.
Se trataba de una proposición de ley para facultar a la Generalidad de Cataluña para la recaudación, gestión e inspección de todos los tributos que se cobran en la región, empezando por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, el IRPF.
A fin de satisfacer el pacto alcanzado entre socialistas y republicanos se requiere la modificación de tres leyes: la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA); la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común; y la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña. En el caso de la LOFCA, es imprescindible el voto a favor de la mayoría absoluta del Congreso. En los otros dos casos basta con una mayoría simple.
Pero esta proposición, con la que ERC presionaba tanto a Pedro Sánchez como a Salvador Illa, se ha caído de la agenda republicana. En un gesto de buena voluntad hacia el Gobierno tras la ruptura de Carles Puigdemont con Sánchez, Junqueras ha decidido cambiar esa proposición por otra en la que se plantea la creación de un nuevo impuesto complementario al IVA para "penalizar la concentración especulativa de vivienda y fomentar la movilización hacia la tenencia en propiedad de la misma residencia y hacia el alquiler por vivienda habitual y social", según reza la nueva iniciativa.
El nuevo tributo
El tributo se aplicará contra los propietarios de tres o más viviendas y progresa del 4% al 8% y luego al 12%, entre la tercera y la quinta vivienda. A partir del quinto piso, al 12% se sumaría un 5% adicional por cada nueva unidad para ayudar a "evitar la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores".
Además de este nuevo tributo, la ley republicana propone eliminar los beneficios fiscales de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), aplicar un tipo impositivo del 21% en el IVA de las viviendas de uso turístico y subir el IBI a los considerados grandes tenedores, propietarios de más de cinco inmuebles.
Gesto político
En el plano estrictamente político, ERC vende el cambio de proposición de ley como un favor y un guiño al PSOE, pues considera que las negociaciones sobre la financiación singular avanzan, aunque reconocen que no al ritmo de los plazos marcados en el acuerdo de investidura de Salvador Illa. Los republicanos creen que pueden tener un acuerdo definitivo con el PSOE a finales de año y se han conjurado para seguir tratando la cuestión sin presiones.
Es decir, ERC ha decidido cambiar de criterio en relación a su estrategia con el PSOE. De negar los Presupuestos tanto en Madrid como en Barcelona se abre a seguir negociando con los socialistas y trata de ocupar el espacio que ha dejado abierto Junts con su ruptura.