Pedro Sánchez lamenta que el 60% de los ciudadanos no pueda acceder a una "vivienda digna", continúa ignorando a los miles de víctimas de la llamada inquiokupación: propietarios condenados a la ruina porque la lentitud de la Justicia y la impunidad que promueve el Ejecutivo hacen imposible echar a aquellos inquilinos que dejan de pagar y convierten su vida en un auténtico infierno.
Muchos llevan atrapados en esta situación desde que en 2020 el Gobierno aprobó el polémico decreto antidesahucios. Carmen tan solo lleva 8 meses, pero ya no puede más y, por eso, acaba de iniciar una huelga de hambre a las puertas del Ayuntamiento de San Javier, la localidad murciana en la que reside.
En su caso, el problema ya ni siquiera es el dinero que le debe su inquiokupa, sino el miedo constante con el que vive. "Me dijo que no me iba a pagar más y ahí empezaron las amenazas de muerte. Ha intentado atropellarme y, presuntamente, porque hasta que no lo diga un juez lo tengo que decir así, ha intentado incluso quemar mi propia casa", denuncia con la voz entrecortada.
Las fotografías que nos muestra dan buena cuenta del estado en el que ha quedado su vivienda después de un incendio cuyas causas aún se están investigando: muebles calcinados y estancias completamente ennegrecidas por un fuego que, afortunadamente, no la pilló en casa. "Yo estoy con ataques de ansiedad y me han tenido que adelantar la cita con el psiquiatra porque ya no puedo más, y ahora tengo que ver cómo recupero mi casa. El arquitecto ha valorado en 36.000 euros las pérdidas, pero me voy a 60.000 o 70.000 entre mobiliario, pertenencias, ropa y todo".
De inquilina a inquiokupa
Su particular calvario comenzó en octubre de 2024, cuando Carmen decidió alquilar una segunda vivienda que tiene en la misma finca en la que ella reside. Tras poner el anuncio, su hoy inquiokupa contactó con ella y prácticamente le suplicó que se lo alquilara: "Le dije que no quería a nadie con hijos, porque era consciente de lo que se me podía venir encima, pero me convenció diciendo que ella tenía casa propia y que, por tanto, no iba a haber ningún problema, que simplemente necesitaba un sitio donde quedarse unos meses porque le habían tirado unas paredes de la suya y en la zona donde ella vivía todo era más caro".
Los problemas no tardarían en llegar. "Me dio los 500 euros del mes y me dijo que la fianza me la pagaba en cuanto recibiera la pensión de sus hijos", recuerda la propietaria, que, sin embargo, nunca llegó a ver ese dinero. No en vano, defiende que, precisamente por eso, nunca llegaron a firmar el contrato. A partir de ahí, la mujer le pagaría cuatro meses y ni uno más.
Amenazas, agresiones y un sospechoso incendio
El momento más crítico llegó cuando la propietaria se enteró de que su entonces inquilina iba a acudir a Servicios Sociales a pedir ayudas. Ese mismo día, ella llamó también al Ayuntamiento para interesarse por su caso, puesto que era la primera interesada en cobrar. Sin embargo, la funcionaria, sin desvelarle ningún dato, le dio a entender que no era trigo limpio y, a partir de ese momento, comenzaron las amenazas de muerte: "Llegó a casa y empezó a cargarse en todos mis muertos y a gritar que, como me acercase por allí, me mataba, así que tuve que llamar a la Guardia Civil". Ella contraatacaría con otra denuncia.
Después de aquello, Carmen ya solo quería que se fuera, pero su ya inquiokupa se hizo fuerte. "Me dijo que ni se iba a ir ni me iba a pagar y que, ya había hablado con su abogado, y podía estar en mi casa cinco años hasta que la echaran", lamenta desesperada. Aquello solo sería el principio de una auténtica pesadilla: "Además de las amenazas, me rompieron una puerta corredera, me robaron cuatro cámaras de vigilancia que yo tenía en la finca, me intentaron atropellar y, presuntamente, porque tengo que decirlo así, ha intentado quemar mi casa".
Este último episodio se habría originado tras una discusión en la que, según Carmen, su inquiokupa le llegó a tirar piedras, razón por la que tuvo que ir incluso al hospital. "Llegué a casa de mi padre a la 1 de la madrugada y mi hermano y mi hija me despertaron pasadas las 4:30 diciéndome que la casa estaba ardiendo -recuerda la propietaria-. Me volví loca, porque yo tenía allí toda mi vida y todas mis pertenencias".
La impotencia de las víctimas
La impotencia que siente es precisamente lo que la destroza. "Yo he tenido un negocio 33 años, una hamburguesería bocatería. He trabajado mucho y muy duro, y me compré esa finca para el día de mañana poder vivir de un alquiler. De hecho, mi madre falleció en 2023 y yo me vine abajo completamente y, desde entonces, no he vuelto a abrir, pero jamás pensé que esto me iba a salir así. Me ha destrozado la vida por completo", lamenta con la voz entrecortada.
En abril, puso la denuncia contra su inquiokupa y todavía no ha tenido noticias al respecto, pero sabe perfectamente que, con dos niños a su cargo, es más que probable que el decreto antidesahucios la proteja. En cuanto a las amenazas y agresiones, "el mes pasado estaba previsto el primer juicio, pero lo han retrasado hasta diciembre porque dicen que no daban con ella".
Mientras tanto, lo único que le queda es esperar y, precisamente por eso, ha decidido declararse en huelga de hambre, una huelga que espera que sirva no solo para llamar la atención sobre su caso, sino sobre las decenas y decenas que llegan cada semana a la Plataforma de Afectados contra la Ocupación.